Derrumbe en la cafetería del ministerio de Escrivá

Desde el inicio de la legislatura, José Luis Escrivá buscó un espacio propio para desempeñar sus tareas, sin depender de los espacio del Ministerio de Trabajo. De ahí que pidiera una serie de reformas en un palacete situado en la calle José Abascal, la antigua sede de la Secretaría de Estado de Migraciones, para que albergara el Ministerio de Seguridad Social. Pues bien, recientemente ha habido un accidente en ese lugar. En concreto, se ha desprendido el techo de la cafetería de la recién estrenada sede del Ministerio, afortunadamente sin causar daños personales. Como era previsible este hecho ha generado un buen número de comentarios en los que se relaciona el suceso con el hecho de que Escrivá iniciara la reforma del inmueble. Incluso algunos han dicho que ha sido los cambios que el ministro ha pedido en su despacho lo que ha propiciado el derrumbe. Todo indica que en realidad la causa no es esa. Así lo indican al menos fuentes cercanas al ministro que niegan que haya relación entre las obras y el siniestro. De hecho, parece que el despacho de Escrivá está alejado de la zona colapsada.

Vuelven las presiones para subir el SMI

Los sindicatos CCOO y UGT convocaron más de 50 concentraciones ayer jueves en toda España para exigir la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente situado en 950 euros mensuales, y la derogación de las últimas reformas laborales y la propia de pensiones aprobada en 2013. Además, amenazan con seguir manifestándose todos los días 11 de cada mes si no hay cambios al respecto de sus peticiones, sobre todo en relación al SMI. Fuentes empresariales añaden que esas reivindicaciones no se van a limitar a los manifiestos sindicales. De hecho, se rumorea que la facción de Podemos en el Gobierno, con Pablo Iglesias y Yolanda Díaz a la cabeza, vuelve a presionar a Moncloa para que haya subida del SMI en 2021. En concreto, el objetivo que ambos persiguen es lograr que el Salario Mínimo alcance los 975 euros en junio, un alza ligeramente superior al 2,5%. A pesar de las presiones, Moncloa no cree que esta vez Podemos logre sus objetivos. “Nadia Calviño, María Jesús Montero e incluso el presidente Pedro Sánchez no son partidarios de un avance que supondría más apuros para las empresas en un momento como el actual”, dicen.

Iglesias sigue sin explicar el caos en residencias

La pasada semana se conocía el informe elaborado por el Imserso en el que, por primera vez, se mostraba oficialmente el impacto del Covid en las residencias de la tercera edad. El documento desveló que casi 30.000 ancianos habían fallecido en el último año a causa del coronavirus. La cifra dejó claro que estos centros fueron el peor foco de contagios, con diferencia. A pesar de ello, el vicepresidente Pablo Iglesias, nombrado responsable de todos los Servicios Sociales a escala nacional en el primer estado de alarma, no dio explicaciones durante los más de siete días transcurridos. Desde la propia Vicepresidencia de Derechos Sociales añaden que nada parece indicar que Iglesias esté preparando su comparecencia ante los medios para dar explicaciones. Por ello, se comenta que en el Gobierno, los ministros socialistas “están sorprendidos e indignados” por el silencio que Iglesias guarda ante estos datos. Incluso se está comentando que algún representante de Podemos en el Ejecutivo tampoco entiende que el vicepresidente “evite dar la cara como debiera”.

Las ideas fiscales de Canadell dividen a JxCat

Al contrario que gran parte del independentismo, el candidato de Junts per Catalunya, Joan Canadell, siempre se ha mostrado partidario de eliminar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. De hecho, un comentario suyo a favor de la supresión de estos tributos, realizado durante la campaña electoral, supuso un auténtico cisma en la formación que lidera Laura Borràs. Pues bien, se comenta que esa posición que mantiene el expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona (Cambra) sigue generando divisiones en el seno de Junts. Pero también está provocando problemas para entenderse con ERC en las negociaciones para formar Gobierno. Tanto es así que, según dicen desde Junts, Canadell “está apartado de todas las conversaciones que se plantean entre las formaciones independentistas para crear el nuevo Govern”. “Dicen que su relación con el número dos del partido, Jordi Sànchez, ya es muy mala”, añaden desde Junts. A pesar de todos estos problemas, nada hace pensar que Canadell vaya a dar un paso atrás respecto a Patrimonio y Sucesiones. Es más, un reciente tuit, que borró a las pocas horas, en el que acusaba a Pere Aragonès de buscar “un Govern a costa de la gente”, manifiesta su interés por ser aún el “verso suelto fiscal” de Junts.

¿Espera ya Trabajo otro aluvión de despidos?

El Sepe verá incrementada su plantilla actual en los próximos meses. En concreto, se habla de incorporar a unos 1.000 efectivos más, que se sumarán a los 1.500 interinos que, desde hace meses, tratan de sacar adelante la avalancha de gestiones. Pues bien, corren rumores que apuntan a que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz hace ese refuerzo de la plantilla precisamente ahora porque se teme un incremento de los despidos tras el verano. Es una inquietud que atribuyen al entorno del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, debida a las dificultades que la economía aún atravesará en el primer semestre de este ejercicio “El vencimiento en agosto de la prohibición de realizar ajustes de plantilla durante seis meses provocará una avalancha de ERE”, indican en ámbitos empresariales. Las mismas fuentes añaden que las empresas acogidas a un Erte en la primera ola no tendrán más remedio que reducir plantilla, tras finalizar ese veto. “Al haber sido la tercera oleada del virus tan fuerte, lo lógico es suponer que no se demoren más, tras la temporada de verano”, según se comenta.

Temor a que la CUP presida el Parlament

El acto organizado la pasada semana por Foment del Treball reflejó el hartazgo de los empresarios con la deriva independentista de la Generalitat, que está lastrando el PIBcatalán. De ahí que ahora clamen por un Govern que tenga "sensibilidad económica" y se aleje del "ruinoso" procés. Con buen criterio, los empresarios estiman que en ese nuevo Govern no puede estar presente la CUP, los antisistema encabezados ahora por Dolors Sabater y Carles Riera. El problema es que, según se comenta, el tejido empresarial catalán cree que tal circunstancia puede llegar a ocurrir. "El acuerdo entre ERC y el PSC es prácticamente imposible, lo que abre la puerta a un Govern de ERC con Junts y la CUP", dicen desde una patronal. No obstante, las fuentes indican que el mayor temor de las empresas es que la CUP cumpla su deseo de presidir el Parlament. "Tendría vía libre para impulsar una hoja de ruta radical y de desobediencia con el Estado, que hundiría a la región", avisan desde una patronal. Para evitarlo, se comenta que los lobbies empresariales están presionando en busca de lo que han venido a llamar "el mal menor". Consiste en que En Comú Podem sustituya a la CUP en la cámara catalana. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que los anticapitalistas controlen el Parlament", avisan los empresarios.

Difícil acceso a la vacuna para las zonas rurales

El mes pasado Castilla La-Mancha comenzó la campaña de vacunación contra el Covid dirigida a mayores de 80 años. Para asegurar que el fármaco llega a la población de esa edad que no vive en residencias, se estableció un protocolo específico. Consiste en que los centros de salud de referencia les llaman a sus domicilios, con el fin de concertar una cita para que acudan a dichos centros. Ahora bien, el protocolo ignora las importantes dificultades que implican los largos desplazamientos para personas que suelen vivir en pequeños pueblos, y cuyo nivel de ingresos con frecuencia se sitúa en el umbral de la pobreza, por la escasa cuantía de las pensiones que perciben. La Junta solo contempla el recurso a unidades móviles para atender a mayores con un muy alto grado de dependencia. Los demás tienen que afrontar solos este costoso proceso de vacunación. Sorprende que, en una autonomía con un colectivo tan nutrido de mayores de 80 años (más de 120.000), el Gobierno de Emiliano García-Page no haya habilitado más medios en una situación de emergencia sanitaria.

TVE reincide en los ataques a la Familia Real

Hace unas semanas el programa de La hora de La 1 tuvo que pedir disculpas por utilizar un rótulo que equiparaba, gratuitamente, la futura estancia en el extranjero, para cursar el Bachillerato, de la Princesa de Asturias con la salida de España del Rey Emérito. Ayer el magazine de RTVE que presenta Mónica López también tuvo que pedir perdón ante otro error relacionado con la Casa Real. En este caso el supuesto fallo consistió en recurrir a una imagen que mostraba a la Princesa Leonor y a su hermana Sofía para ilustrar una información que nada tiene que ver con ellas, ya que se relacionaba con la vacunación en el extranjero de las infantas Elena y Cristina. De nuevo, el revuelo organizado en redes sociales creó un escándalo político en torno a TVE. A pesar de la rápida reacción, en la plantilla del ente público, e incluso en los sindicatos, son cada vez más los que piensan que lo que realmente está detrás de estos problemas no son coincidencias ni fallos. En realidad son el resultado de la “reiterada manipulación de los servicios informativos”, que ha tolerado la aún administradora provisional de RTVE, Rosa María Mateo.

La campaña contra el CGPJ que ultima Montero

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido uno de los órganos más críticos con el proyecto de Ley de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad. Tanto es así que el CGPJ aprobó por unanimidad un informe que criticaba puntos del texto, como la definición de consentimiento o la asimilación del delito de abusos sexuales en la categoría de agresión. A pesar de ello, se comenta que la ministra Irene Montero ha seguido desoyendo las quejas del mundo judicial sobre todos los conflictos que plantea la Ley de Libertad Sexual en su formulación misma. Al contrario, se rumorea que Montero se ha tomado estas críticas, que están basadas en criterios puramente jurídicos, como un ataque personal por parte del mundo judicial hacia su persona. Por ello, en Igualdad se dice que Montero “quiere la revancha”. Con esa idea, se comenta que busca implicar a su partido en una campaña para identificar al CGPJ con el machismo. “Ya hay gente trabajando en dicha campaña propagandística de desprestigio”, comentan desde Unidas Podemos.

La UE redobla la presión en pro de las reformas

La patronal y los sindicatos aseguran que están recibiendo apremios del Ejecutivo para negociar la reforma de pensiones o el mantenimiento de la legislación laboral aprobada en 2012. En concreto, aseguran que son los equipos de ministros como Yolanda Díaz los que están “metiendo prisa” con el objetivo de firmar los pactos antes de julio. Por lo visto, la urgencia que ahora muestra el Ejecutivo de coalición se debe a una serie de mensajes que ha recibido de Bruselas. Dicen que en ellos, la UE deja clara su impaciencia ante los “escasos avances” que está viendo en España en materia de reformas estructurales. En concreto, desde el Ministerio de Trabajo indican que “la Comisión quiere tener antes de julio la reforma de pensiones y el blindaje de los aspectos básicos de la reforma laboral del PP”, indican. Desde Moncloa recuerdan que para cumplir con las exigencias de Bruselas se remitirá ya en menos de dos meses una hoja de ruta donde se irán incluyendo todos los avances que se logren en temas concretos. “Ahora van con prisas en unos pactos que requieren de su tiempo de debate cuando hemos estado meses sin tener comunicación, a pesar de que todos sabemos que Bruselas solo entregará la ayuda del fondo de rescate si los países realizan reformas”, se quejan en círculos cercanos a las negociaciones.