El sistema público de pensiones en España enfrenta un grave problema de sostenibilidad. El déficit contributivo supera los 60.000 millones de euros, según Fedea, evidenciando un desequilibrio entre aportaciones y gasto generado por el envejecimiento de la población y la baja natalidad, que han reducido la masa de trabajadores que cotizan, mientras que la mayor esperanza de vida prolonga el pago de prestaciones. Porque ahora ya no vale con cotizar 35 años. Ahora, además, tendremos que trabajar más tiempo para cobrar lo mismo. La realidad es esta: el sistema necesita ayuda y, sin medidas complementarias, depender solo del Estado supone un riesgo para el futuro de nuestras pensiones.