
Redactora de elEconomista
La coincidencia de las elecciones catalanas y las Cuentas del Estado será crítica para el GobiernoERC se verá muy presionado por el pulso de Puigdemont y eso complica su apoyo a Moncloa
El último movimiento del todavía president Quim Torra ha vuelto a desestabilizar la política nacional. El hecho de anunciar un adelanto electoral en Cataluña, sin fecha, y desde luego nunca antes de que se tramiten los Presupuestos autonómicos -que de aprobarse sería el 18 de marzo-, trastoca de manera extraordinaria las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. Y es que los republicanos catalanes son, hasta ahora, el apoyo necesario del Ejecutivo de coalición progresista si éste quiere aprobar los Presupuestos Generales de 2020 "antes del verano", como anunció el líder socialista.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado el adelanto electoral en Cataluña una vez se aprueben los Presupuestos acordados. "Esta legislatura no tiene más recorrido político, ha llegado a su final", ha indicado en una declaración institucional llena de reproches su socio de Gobierno.
La ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, dejó este martes muy claro que el Estado no tiene por qué pagar a estas alturas los 2.500 millones de euros que adeuda a las comunidades autónomas en concepto de los ingresos por IVA correspondientes al mes de diciembre de 2017.
Los ingresos del IVA del mes de diciembre de 2017, que el Estado atesora todavía y retiene a las autonomías siguen trayendo cola. Confirmado por parte de las comunidades autonómas gobernadas por el PP, y algunas socialistas como Castilla-La Macha y Aragón, su disposición a acudir a los tribunales si María Jesús Montero no les devuelve los 2.500 millones de euros que les debe en total, regiones como Madrid y Andalucía aseveran de antemano que no se conformarán con medidas remiendo como la relajación del déficit de las CCAA, o más gasto, a cambio de renunciar a este IVA. Ocho comunidades se rebelan contra Sánchez
El impago del Estado a las comunidades autónomas en concepto del IVA de diciembre de 2017 ha provocado una extraña comunión entre regiones socialistas, populares, y el Govern separatista de Cataluña, decididas a llegar hasta los tribunales, si es necesario, para que la ministra María Jesús Montero ejecute la liquidación de los 2.500 millones de euros que todavía debe a las admnistraciones autónomas de régimen general.
El sector de Comercio ha sido el último en sumarse a las críticas dirigidas a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, a 950 euros. La contracción de la contratación o generación de empleo, y la economía sumergida pueden ser las primeras consecuencias
Pasada la espuma del acuerdo que Trabajo y los agentes sociales cerraron este miércoles con una subida del SMI a 950 euros, 50 euros menos de lo inicialmente había propuesto el Gobierno de coalición progresista, los distintos sectores de la economía española empiezan a posicionarse. Y no lo hacen precisamente valorando la cifra pactada. El Comercio también se une a las críticas: reducirá las contrataciones