
La Comunidad de Madrid presenta este miércoles en la Audiencia Nacional un contencioso administrativo contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez por no liquidar lo que corresponde a esta región por el IVA del mes de diciembre de 2017, y que asciende a 377 millones de euros, lo que equivale a una merma del 0,15% del PIB.
El incumplimiento del pago se debe a la aplicación de un nuevo sistema de información (Suministro Inmediato de Información, SII), aprobado por Cristóbal Montoro, lo que ha provocado que las comunidades autónomas solo hayan recibido en 2019 la liquidación de 11 meses del ejercicio de 2017.
Pero el ejecutivo madrileño entiende que, más allá de la aplicación del SII, Pedro Sánchez ha de compensar esta situación, como ha hecho con las entregas a cuenta aprobadas vía Diputación Permanente, a pesar de que el Gobierno está en funciones y además existe una prórroga presupuestaria.
Lealtad institucional
En opinión del Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso, se ha vulnerado el principio de lealtad institucional recogido en la Ley 22/2009 que rige la financiación de las comunidades autónomas, y que señala que en el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá todos los mecanismos que garanticen que las normas que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas contengan la valoración correspondiente.
Recuerda Madrid que el Gobierno central había reconocido la necesidad de introducir medidas correctoras y así lo reflejó en el proyecto de los PGE de 2019, en cuyo texto se recogía que este año se ejecutarían un total de 13 autoliquidaciones para compensar lo ocurrido en 2017.
En este clima, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al PP que explique cómo va a garantizar los servicios públicos y la igualdad a los ciudadanos, bajando los impuestos. Días atrás, el Ministerio de Hacienda recalculaba las entregas a cuenta y a Madrid le quitaba 53 millones reflejados en las previsiones oficiales.