El impago del Estado a las comunidades autónomas en concepto del IVA de diciembre de 2017 ha provocado una extraña comunión entre regiones socialistas, populares, y el Govern separatista de Cataluña, decididas a llegar hasta los tribunales, si es necesario, para que la ministra María Jesús Montero ejecute la liquidación de los 2.500 millones de euros que todavía debe a las admnistraciones autónomas de régimen general.
Esta semana, la titular de esta cartera, también portavoz del Gobierno, justificaba en rueda de prensa la no liquidación del consabido IVA, argumentando que dicha partida corresponde a la contabilidad de 2019, y no teniendo Presupuestos aprobados ese año y, estando el Gobierno en funciones, dicha actuación no se ha podido acometer.
Hay una sensación de que el Ministerio de Hacienda no quiere pagar esta cantidad
Pero el temor de las ejecutivos regionales no surge solo por esas palabras, sino por la sensación de que el Ministerio de Hacienda no quiere pagar esta cantidad, porque está dando largas, y además, porque técnicamente podría ser correcto no tener la obligación de pagar. Por ahora Hacienda se limita a decir que la solución ordinaria está agotada y ahora habrá que ver cómo se arregla este problema de una manera extraordinaria, sin compromiso de fechas ni de fórmulas.
Después de Madrid y de Cataluña –que presentaron sendos recursos el pasado otoño–, este jueves Castilla-La Mancha, y este viernes Galicia se han planteado seguir el mismo camino y buscar, primero con requerimientos administrativos, después en la vía judicial la recuperación del dinero que el Estado les adeuda por los ingresos de IVA del último mes de diciembre.
En ese devenir, comunidades como Murcia, Andalucía, Castilla y León o Aragón esperan la evolución de los acontecimientos y el cambio de parecer de Hacienda, "al menos un comunicado oficial que fije la posición", antes de caminar por la senda judicial, senda que tampoco descartan, según las distintas consejerías consultadas.
Sánchez hubiera podido pagar el mes de diciembre de 2017 a lo largo de 2019
Mientras, fuentes del Ministerio de Hacienda se retrotraen a la incorporación que Cristóbal Montoro hizo en 2017 del Suministro Inmediato de Información (SII).
Aquel cambio de criterio modificaba el plazo de declaración e ingresos de las liquidaciones tributarias del IVA, de manera que, en 2017, el Estado tenía en cuenta la devolución de la recaudación del IVA de solo de 11 meses, y no de 12, pasando el de diciembre al del año siguiente. Pues bien, teniendo en cuenta esta metodología, Sánchez hubiera debido pagar el mes de diciembre de 2017 a lo largo de 2019, ya que el sistema de financiación autonómica liquida los ingresos de este impuesto dos años después.
Constituido el Gobierno de Pedro Sánchez a comienzos de enero, la mayor parte de las CCAA esperaba que Montero llevara al Consejo de Ministros esta liquidación del IVA, que descuadra las cuentas públicas de las territorios de España, sus inversiones, o el gasto social, ya que muchos de ellos han reflejado estos ingresos en los Presupuestos de 2020. De no ser así, el impago puede afectar al compromiso de déficit de las comunidades.
El verso suelto de Sánchez
La advertencia de Emiliano García-Page, presidente socialista de la comunidad de Castilla-La Mancha, apenas ha suscitado la respuesta del delegado del Gobierno en C-LM, Francisco Tierraseca, quien ha afirmado que "amenazar con acudir a los tribunales es un mal inicio". No obstante, el dirigente manchego ha enviado su ultimátum. Acudirá a la justicia si Hacienda no le paga los 130 millones de euros que le debe, y esa decisión no la expresa en algún Consejo de Ministros del mes de febrero.
Los gallegos tampoco descartan esta vía. Sus servicios técnicos y jurídicos estudian la fórmula, e incluso dicen con chanza, recurrir si fuera menester al "gaitero del moroso". Además, rescata la administración dirigida por Alberto Núñez Feijóo, que fue la ministra Montero quien, en una reunión con el presidente gallego, le comunicó a este su compromiso de pagar este IVA, motivo por el que la Xunta incluyó en sus Cuentas Públicas de 2019 los 198 millones de los ingresos por IVA de diciembre de 2018.
Los andaluces (PP-Cs) rememoran el día que llegaron a la Junta, y en un cajón se encontraron con un borrador de ingresos y gastos del último Gobierno del PSOE, en el que se incluía el ingreso del IVA de diciembre de 2017, a petición de la ministra Montero al consejero Antonio Ramírez de Arellano. Murcia (PP), por su parte, expresa la intención de reclamar 85 millones que le corresponden, y contempla la vía judicial.
La Comunidad Valenciana todavía le dará 100 días a Pedro Sánchez
Aragón, presidida por el Partido Socialista, primero quiere conocer la posición del Gobierno respecto a esta cuestión. Pero no se cierra en banda. "Defenderemos los intereses legítimos de Aragón con los medios que estén a nuestro alcance", señalan fuentes de la Consejería de Hacienda aragonesa. En su caso, se trata de 80 millones de euros.
Los extremeños, de momento, no han valorado qué hacer. Algo que tampoco ha definido la Comunidad Valenciana, que todavía le dará 100 días a Pedro Sánchez
Quien sí tiene muy claro qué camino elegir es Castilla y León. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, advierte a Pedro Sánchez de que acudirá "a todas las vías que estén" en su "mano" para exigir al Gobierno de España el pago de los 142 millones de euros.
En la búsqueda de soluciones, desde las comunidades autónomas se plantea que el Estado flexibilice el objetivo de déficit de autonomías, como sugería la AIReF, o que una ley nueva que permita realizar los pagos retrasados.
Hacienda 'quita' a la Junta sus pagarés
elEconomista ha tenido conocimiento del último bloqueo del Ministerio de Hacienda a la Junta de Andalucía. Se trata del cierre a la autorización de los pagarés, por valor de 200 millones de euros, cantidad con la que la administración andaluza paga los gastos corrientes.
Desde 1991, Andalucía ha utilizado este programa de pagarés, que ni siquiera en los tiempos de la crisis económica se ha visto interrumpido. Para recibir la prórroga, en septiembre de 2019 enviaron una petición, solicitud que remitieron de nuevo en diciembre de 2019 para que fuera aprobada por el Consejo de Ministros. Pero este trámite está paralizado. Y sobre ello, Hacienda dice que se está tramitando la petición de Andalucía y verificando la viabilidad financiera de la emisión.
Según la Junta, esta demora en la tramitación y concesión de la correspondiente autorización ha afectado al normal desarrollo del Programa de Pagarés, perjudicando la reputación de la Comunidad como emisor. Por un lado, la respuesta del Ministerio denegando la correspondiente autorización a menos de una semana de la celebración de la última subasta del año motivó la anulación de la convocatoria y adjudicación de los pagarés de 18 meses, circunstancia que se comunicó por adelantado a todos los inversores, a través de las entidades financieras que habitualmente participan en las subastas del Programa.
Por otro, en la situación actual, y dado lo avanzado del mes de enero, la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública se ha visto obligada a ordenar la publicación del calendario de subastas de 2020 condicionando la aceptación de ofertas y la adjudicación de determinadas referencias a la obtención de la preceptiva autorización estatal.
