El compromiso del propio presidente Ximo Puig para que todos los proyectos de energías renovables que podían verse comprometidos por el final del plazo legal del 25 de enero pasado para tener los permisos necesarios se cumplió en parte gracias a lo que podría considerarse un truco administrativo. Parte de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de esos proyectos se aprobaron realmente con posterioridad a esa fecha, aunque con "carácter excepcional" se autorizaron con "efectos retroactivos" para que figure como fecha el 25 de enero de 2023.