El compromiso del propio presidente Ximo Puig para que todos los proyectos de energías renovables que podían verse comprometidos por el final del plazo legal del 25 de enero pasado para tener los permisos necesarios se cumplió en parte gracias a lo que podría considerarse un truco administrativo. Parte de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de esos proyectos se aprobaron realmente con posterioridad a esa fecha, aunque con "carácter excepcional" se autorizaron con "efectos retroactivos" para que figure como fecha el 25 de enero de 2023.
Una artimaña legal de la Administración autonómica digna de la larga tradición de la picaresca hispana, que en la práctica ha permitido aprobar con posterioridad a la que en principio era la fecha tope esas declaraciones medioambientales necesarias, después de que se acumulasen años de retrasos en las tramitaciones.
Y, de paso, que la palabra del propio Ximo Puig no quedase en agua de borrajas en un tema especialmente espinoso después de que tras dos legislaturas del Botánic las cifras echen por tierra el discurso renovable del Gobierno de izquierdas. Pese a que los tres partidos presumen de su compromiso verde y la Generalitat declaró la emergencia climática, la región sigue a la cola de España en renovables.
Modus operandi
La fórmula para tratar de blindar esos proyectos, que incluso podrían reclamar daño y perjuicios por no haber recibido respuesta administrativa, se desvela en resoluciones que está publicando estos días el Diari Oficial de esas DIA de solicitudes de proyectos de centrales fotovoltaicas en la región. Ese es el caso de la declaración ambiental favorable de la central denominada Salinetas II en Monóvar (Alicante) promovida por el fondo inversor Atitlan, que dirige el yerno de Juan Roig, Roberto Centeno, y Esparity Solar, uno de los proyectos que ha generado rechazo de ciertos colectivos ecologistas.
La resolución que aprueba la DIA está fechada el 6 de febrero. Sin embargo, incluye texualmente que "dada la imposibilidad de dictar resolución antes de la finalización del hito administrativo marcado en el RDL 23/2020, debido al volumen de expedientes tramitados por este órgano administrativo, aun habiéndose habilitado los medios personales y materiales para cumplir con el despacho de los mismos, con carácter excepcional, y debido a la acumulación de tareas por la subsanación documental del expediente en los últimos momentos, la presente resolución que otorga la DIA, surtirá efectos retroactivos a fecha 25 de enero de 2023.
No es la única resolución que incluye esta cláusula "excepcional". La que otorga la declaración favorable a la planta fotovoltaica Requena 3, promovida por Solar Acamar Requena, también incluye ese párrafo, aunque tiene como fecha el 9 de febrero. En ese caso añade a la argumentación "que la recepción del expediente completo se produjo en fecha 25 de enero de 2023", por lo que materialmente era imposible cumplir el plazo.