Casi tres de cada diez proyectos de nuevas plantas de energías renovables que la Generalitat ha tramitado dentro del compromiso que se marcó Ximo Puig de resolverlos antes del 25 de enero han recibido un informe desfavorable, según los datos hechos públicos por el Gobierno valenciano.
Para hacer frente al plazo que podía suponer la pérdida de los avales depositados después de dos años de embudo administrativo, las tres consellerias implicadas han analizado un total de 107 expedientes sujetos al objetivo marcado para ese límite del 25 de enero.
De ellos, 61 han recibido evaluación medioambiental favorable. De los 46 restantes, 31 no han superado la criba del Gobierno autonómico y han obtenido evaluación desfavorable, mientras que otros 15 no han prosperado por desestimiento de las empresas. En ninguno de estos casos se ejecutarán los avales a los promotores, según explica la Generalitat.
Los expedientes aprobados suponen una potencia a instala 1.356 MW, la energía equivalente al consumo anual de 678.000 hogares según la Generalitat y una inversión total de 859 millones de euros, además de suponer la creación de casi 1.500 puestos de trabajo para la construcción y mantenimiento de las plantas.
La Comunidad Valenciana, que declaró la emergencia climática en 2019, importa cerca del 40% de la electricidad que consume.
El doble con los que tramita el Estado
Hay que tener en cuenta que los expedientes que pasan por la Administración autonómica son los que tienen una potencia de hasta 50 MW, por los que las mayores plantas eólicas y fotovoltaicas son competencia del Estado. Según el Consell, la potencia a instalar pendiente de autorización del Ministerio es de 1.123 MW.
