La expresión quinta columna se utiliza en la terminología bélica para definir a un conjunto de personas potencialmente desleales a la comunidad en la que viven y susceptibles de colaborar de distintas formas con el enemigo. Situación que se asemeja casi miméticamente a la estrategia tensión y enfrentamiento que desde Unidas Podemos han iniciado contra el Gobierno del que ellos forman parte y con un doble objetivo: marcar territorio y líneas rojas ante el inminente debate de los Presupuestos del Estado, por un lado, y recuperar credibilidad, visibilidad y votos ante un electorado en fuga y el ninguneo de Sánchez hacia los ministros y las iniciativas podemitas.
La denuncia de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, contra su compañero de Gabinete, Grande Marlaska por los traslados de los menores marroquíes que asaltaron Ceuta en mayo, ha sido el último episodio de una sucesión de deslealtades que comenzaron con la ofensiva contra la Monarquía, las embestidas contra la ampliación del aeropuerto de El Prat, las críticas por la autorización de la venta de un 22% de Naturgy a un fondo extranjero, y el anuncio de movilizaciones en la calle contra la subida de la luz para conseguir que "el Gobierno actúe contra el oligopolio eléctrico".
Como si ellos no estuvieran sentados en el Consejo de Ministros, y no fuera suyo el responsable de Consumo. Un Garzón que, por cierto, sigue desaparecido y mudo. Aunque vista su trayectoria y su insuficiencia, mejor que siga así.
Objetivos de Podemos
Tres son los grandes objetivos que desde la formación morada quieren incorporar a la Ley Presupuestaria: la subida del SMI hasta el 60% del salario medio con el acompañamiento de la contrarreforma laboral y los cimientos de una reforma fiscal que pasaría por subir el impuesto de sociedades a un mínimo del 15%, junto con medidas para facilitar la rebaja de los alquileres.
Propuestas todas ellas que en un país con cinco millones de parados reales, un déficit público que llegará este año al 9% del PIB, una deuda pública del 125% y con una escalada inflacionista impulsada por las subidas de la electricidad y de los carburantes no sólo ponen en peligro la incipiente recuperación sino que amenazan con paralizar la llegada de los imprescindibles dineros del fondo europeo de reconstrucción y que está condicionado al cumplimiento de condiciones y reformas que chocan frontalmente con las demandas podemitas.
De hecho, aunque el plan presentado por España ha sido uno de los primeros en ser aprobado por las autoridades comunitarias, la Comisión Europea todavía no ha autorizado el desembolso de los primeros 9.000 millones en forma de subsidios no reembolsables solicitados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Situación esta que contrasta con los 24.900 millones que las autoridades europeas han transferido a Italia la semana pasada correspondientes al 13% de la prefinanciación fijada en el reglamento del Fondo y que convierten al país transalpino en el quinto Estado miembro de la Unión en recibir el anticipo correspondiente a su plan de recuperación, después de Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Grecia.
Sánchez sabe, porque así se lo han dicho en Bruselas, que en la UE ni gusta ni se fían de un Gobierno con ministros populistas y bolivarianos, y conoce también los avisos lanzados por las autoridades comunitarias y los Ejecutivos de los llamados países austeros con Holanda a la cabeza y el respaldo de Alemania sobre el fin de las subidas salariales en Europa y el mantenimiento de las líneas básicas de la reforma laboral.
Pero eso importa poco a Díaz, a Belarra y al resto de las unidas en Podemos. Ellas van a lo suyo, al cuanto peor el país mejor para sus intereses y al antieuropeísmo. Por eso bien haría Sánchez en anteponer, por una vez siquiera, los intereses de España y de los españoles a los suyos personales y atender las voces que, desde dentro del PSOE, apuntan a que los desafíos actuales de sus socios son la crónica anticipada una ruptura de la coalición que le sostiene en La Moncloa antes de 2023.
Entidades
José María Triper
Periodista económicoRelacionados
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