Lideramos el número de contagios en Europa y el segundo país donde más crecen en el mundo, superados solo por Uganda. No contratamos suficientes rastreadores hasta que nos vimos desbordados por los positivos en coronavirus ni sanitarios hasta que los centros de atención primaria se saturaron.
La situación es muy preocupante en Madrid, donde el número de positivos por cada cien PCR realizados alcanza ya el 24 por ciento, casi cinco veces más que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que significa que la transmisión del virus está fuera de control.
En vez de aplanarse la curva, los contagiados se incrementarán de forma significativa en los próximos meses, a la par que el número de hospitalizados. En los últimos quince días se multiplicaron por 30 los ingresados en UCIS, que comenzarán a saturarse a finales de este mes.
Ya estaríamos en una situación de emergencia nacional, muy similar a la de marzo pasado, si no es porque, en estos momentos, el virus es menos violento. Las secuelas para la economía serán duraderas, según sendos informes presentados esta semana por el Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y el Banco de España. Los rebrotes son la principal causa citada por ambos organismos.
Aparecerán miles de firmas zombi que no podrán despedir a sus trabajadores ni ir a concurso
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estuvo en los últimos meses más ocupada en preparar sus diatribas políticas que en cuidar la salud de sus paisanos. El anuncio de confinamientos selectivos y la posterior rectificación por parte del viceconsejero Antonio Zapatero, dejó traslucir las divisiones internas y la parálisis que sufre la administración madrileña.
El presidente del Gobierno se equivocó al dejar exclusivamente en manos de las autonomías la resolución de la crisis sanitaria, porque no cuentan con instrumentos legales para atajarla. El Ejecutivo en pleno se fue de vacaciones en vez de ocuparse de organizar la vuelta al cole y la prevención de los rebrotes. El deteriora de la situación sanitaria y social se acelera a pasos de gigante.
Los expertos de Funcas vaticinan una caída del PIB próxima al 13 por ciento durante este año y no prevén que volvamos a los niveles de actividad precrisis hasta 2024, mientras que el Banco de España, prefiere dejar sin fecha la recuperación. Ambos coinciden, además, en que ésta será más débil de lo previsto en 2021, entre el 4 y el 7 por ciento, la mitad de la estimación inicial.
Las riñas internas en el Gobierno de coalición incrementan la incertidumbre y conducen a una situación kafkiana. Mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone alargar hasta final de año la prohibición de despedir, los ministros del bando socialista (Nadia Calviño, María Jesús Montero ó José Luis Escrivá) quieren prorrogar los Expedientes de Regulación de Empleo (Ertes) sólo para las actividades ligadas al turismo. Unos 120.000 sobre los 800.000 actuales. Si la mayoría de las empresas se quedan sin ayudas públicas para mantener a sus trabajadores inactivos, recurrirán a los despidos masivos, y si se quedan sin dinero para sufragarlos, tendrán que ir a la quiebra. Claro que a la ministra podemita, qué le importa que las empresas quiebren, así se alcanza más rápido el paraíso comunista con el que sueña convertir España algún día.
Para evitar los concursos, la patronal madrileña defiende la utilización del Fogasa. Pero el fondo, de unos 750 millones, es insuficiente para hacer frenta al 1,2 millones de despidos que aún se prevén por el Covid 19.
Fainé logra con la fusión su sueño de afianzar el poderío de La Caixa en la capital de España
Para más Inri, hasta final de año se mantendrá la norma que permite a las empresas evitar el concurso o incurrir en causa de disolución cuando tengan una situación patrimonial negativa. Es decir, que en los próximos meses aparecerán miles de sociedades zombi que no despidan a sus trabajadores por falta de liquidez y tampoco estén obligadas a incurrir en causa de disolución o presentar preconcurso porque la Ley lo permite.
Los Ertes han facilitado hasta ahora sortear la dramática situación económica y falsear las cifras estadísticas. Con esta maniobra legal, se ha conseguido ocultar el verdadero drama de la crisis. Pero a partir de octubre habrá miles de trabajadores que se queden sin indemnización de despido y, por ende, tampoco podrán engrosar las cifras del desempleo, aunque su situación sea precaria.
Es incoherente prorrogar sólo los Ertes relacionados con actividades turísticas y dejar en la cuneta al resto de trabajares pertenecientes a sectores tan importantes como el transporte, la cultura ó el ocio, que tampoco pueden ejercer su actividad por las limitaciones establecidas en los aforos ó la drástica caída de los clientes. El paradigma más claro está en las aerolíneas.
Un conflicto añadido será discriminar entre las empresas que son o no turísticas, como el caso de la hostelería, que Trabajo quiere dejar exclusivamente en manos de la Inspección.
Si en este cóctel molotov añadimos que Díaz quiere cambiar la reforma laboral para que los convenios colectivos primen sobre los de empresa la situación se vuelve explosiva. Con alzas de los costes salariales superiores al 6 por ciento en lo que va de año, las sociedades más pequeñas no podrán aguantar el tipo.
El Gobierno confiaba en un escenario de reactivación económica durante el último cuatrimestre, que no se producirá y, por tanto, tendría que responsabilizarse de sus consecuencias. En las últimas semanas, además, nos estuvo engañando con que el maná de las ayudas europeas podría actuar de revulsivo para la economía.
Sin embargo, su aprobación aún deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de todos los países miembros, lo que retrasará la entrada en vigor. Muchos organismos empiezan a advertir de que las ayudas van a llegar demasiado tarde, cuando la economía esté ya libre del Covid. Fuentes de la Comisión Europea califican de "optimista" que estén disponibles a mediados del próximo año.
Funcas estima que en 2021, España sólo recibirá una décima parte (14.000) millones de los fondos europeos y advierte, además, de que el grado de ejecución de los proyectos suele ser muy escaso, alrededor del 30 por ciento. Una cuantía claramente insuficiente.
La creciente fractura entre las dos facciones del Gobierno antes descrita deja, además, en el aire unos Presupuestos, que recojan las partidas de gastos, que España necesita para emprender la recuperación. Los enfrentamientos entre administraciones y dentro de la coalición oficial retrasa una y otra vez la toma de decisiones con consecuencias muy costosas para los ciudadanos. El panorama para los próximos meses se torno cada vez más oscuro.
PD.-La buena noticia de la semana fue la fusión de Bankia y CaixaBank. Una operación ejecutada de manera impecable y rápida. El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, empezó los contactos con Calviño en mayo. Las conversaciones se pararon durante los tres meses de confinamiento y se reanudaron de manera formal a mediados de agosto.
Fainé llevaba tiempo tras de Gorigolzarri, con el que tiene una gran sintonía, que se une ahora a Gortázar, su pupilo favorito. El buen entendimiento entre el primer y el segundo ejecutivos, respectivamente, del nuevo banco será clave para su futuro.
El presidente de la Fundación La Caixa pone una pica en Flandes. Su gran objetivo con la absorción de Bankia desde hace décadas era afianzar el poder y la capacidad de influencia en la capital de España y erradicar así el sentimiento de entidad periférica. No hay que olvidar que las decisiones importantes siempre pasan por el Gobierno central.
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