El Gobierno recupera su conocido proyecto de derogar lo que considera los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral aprobada en 2012. El Consejo de Ministros de ayer confirmó que ése es uno de los objetivos del Plan Normativo que implementará en lo que queda de año. Más allá de ese plazo, el Ejecutivo se resiste aún a concretar el contenido específico de los cambios.
No obstante, más allá de las modificaciones que obligará a incluir la nueva legislación sobre el teletrabajo, todo apunta a que abordará el que ha sido su principal caballo de batalla contra esta norma: la regulación de la negociación salarial y los convenios. Uno de los grandes avances de la reforma impulsada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy fue la posibilidad de que las empresas en dificultades pudieran desvincularse del convenio colectivo del sector donde operan. El denominado descuelgue, que da primacía a los acuerdos firmados a nivel de empresa, corre el riesgo de verse anulado en un momento de honda crisis como el actual, en el que las empresas más lo necesitan. Se abre así el camino a que se repitan flagrantes errores como los cometidos en la recesión de 2009, cuando miles de firmas se vieron obligadas a acometer subidas salariales. Los costes laborales llevan desde 2019 creciendo a una tasa mucho mayor que la propia de la inflación. Esas cargas se elevarán todavía más si se acaba con la primacía de los convenios de empresa o con los límites a la vigencia temporal de los convenios ya caducados (la llamada ultraactividad).
El regreso de la primacía de los convenios sectoriales que Moncloa baraja asfixiará a miles de empresas
Cambios de este tipo harán imposible la supervivencia, y el mantenimiento de sus empleos, en miles de empresas ya asfixiadas por la parálisis de su actividad.
