La madrugada del 6 al 7 de junio de 2017 puso punto y final a los 91 años de historia del Banco Popular. La Junta Única de Resolución (JUR) europea intervino la entidad ante la acuciante falta de liquidez y la adjudicó al Banco Santander, único ofertante, por un euro. Dos años después y, ante la magnitud de demandas y las distintas vías judiciales abiertas para resolver el caso, aún quedan en el aire más de 2.000 millones de euros en reclamaciones sin resolver.
Grandes y pequeños accionistas (que suman más de 300.000) junto a los antiguos tenedores de bonos del banco (esencialmente, fondos de inversión) son los principales perjudicados de dos años sin respuesta judicial y de desplantes por parte de la JUR. La desmedida opacidad del organismo europeo encabezado por Elke König ha dejado en un callejón sin salida a miles de afectados cuya única defensa parte de que los jueces, tanto europeos como nacionales, escuchen sus plegarias y obliguen a la JUR a entregar sin censura toda la información que llevó a la intervención del banco.
Las demandas que se acumulan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), única capaz de dar marcha atrás a la decisión tomada por una institución, junto a las interpuestas en los tribunales españolas exigen devoluciones por más de 2.000 millones de euros por la caída del banco. Entre los grandes accionistas que más dinero reclaman está el núcleo duro de la Sindicatura de Accionistas del Popular, entre los que está el que fue consejero del banco, Francisco Aparicio Valls, que interpusieron en enero una demanda ante la justicia europea contra la JUR y el BCE para recuperar 484 millones de euros. Aunque la Sindicatura controlaba el 9,6% del banco antes de su caída, éste grupo acumulaba el 6%.
El empresario Antonio del Valle protagoniza en este caso el doble papel de denunciante y denunciado. El mexicano encabeza las acciones de un grupo de inversores del país azteca que reclama 470 millones de euros por el 4,1% de que tenían del Popular. Sus actuaciones han traspasado Europa e inició una batalla contra el Santander, como comprador del Popular, en EEUU para obtener información del proceso de adquisición que, finalmente, perdió. Además, abrió un arbitraje internacional contra España, aún sin resolver. Por otro lado, Del Valle está investigado en la Audiencia Nacional por manipulación en la acción, junto a Emilio Saracho y el resto del consejo de administración del Popular en la última etapa.
La familia más rica de Chile, los Luksic, mantienen actuaciones ante el TJUE y la Audiencia Nacional para recuperar 113 millones. Encabezados por el empresario Andrónico Luksic, adquirieron el 3,01% apenas un mes antes de la caída de la entidad. Por su parte, Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, perdió 45 millones con la intervención del Popular. El empresario creó la plataforma Ampopular para acoger a miles de afectados por el banco y, sus abogados ya reclaman 100 millones de euros en devoluciones.
Varios fondos de inversión tenedores de bonos del banco también han recurrido a Europa y a la Audiencia Nacional. Pimco encabeza una demanda con otros vehículo como Algebris o Anchorage para recobrar 850 millones.
En toda esta amalgama de demandas y reclamaciones destaca la de la familia de Ángel Ron, el expresidente del Popular entre octubre de 2004 y febrero de 2017, que busca recuperar 1 millón de euros que tenía invertido en el banco. Ron también está investigado en la causa penal que lleva la Audiencia Nacional por presunta falsedad de las cuentas del banco en 2016.
Minoritarios afectados
Además, miles de inversores minoristas, a través de demandas colectivas, han acudido tanto al TJUE como a la Audiencia Nacional para recuperar lo que tenían invertido en el banco antes de su resolución. No obstante, en España, además de la vía penal, que investiga la responsabilidad de los gestores en la caída, también hay miles de demandas por la vía civil. Los Juzgados de Instrucción están dando la razón a estos inversores obligando al Popular, ahora el Santander, a devolver el dinero invertido en las ampliaciones de capital de 2012 o 2016.
Cabe destacar que el banco que lidera Ana Botín lanzó una oferta, los conocidos como bonos de fidelización, para que accionistas con una inversión menor a un millón de euros recuperaran todo o parte de su dinero a siete años. La aceptación de la oferta superó los 7,6 millones de bonos por importe de 764 millones de euros, el 78% sobre la cuantía total de la propuesta (981 millones de euros). Los clientes que se acogieron a esta promoción lo hicieron bajo la condición de no iniciar acciones legales contra ninguno de los dos bancos.
Sin toma de declaraciones
La Audiencia Nacional abrió una investigación penal contra el Popular y sus antiguos gestores en octubre de 2017. A pesar de imputar a las cúpulas de la entidad en la etapa de Ron y Saracho, un año y ocho meses después, aún no ha llamado a declarar a ninguno de los investigados. La complejidad del caso y el alto número de demandas llevó al tribunal hace un mes a agrupar y limitar a tan sólo diez el número de demandas de los afectados por la caída del banco.
Además, el cambio de magistrado en mitad de la investigación también languideció la causa. El juez José Luis Calama cogió el testigo de Fernando Andreu en plena instrucción. Precisamente, Calama imputó este invierno al Santander en la trama como 'heredero' del Popular, aunque tras dos recursos del banco, levantó la imputación.
Además, la Audiencia Nacional también tiene una segunda vía abierta por la trama, la contencioso administrativa, dirigida contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) por cumplir el mandato de la JUR de intervenir el Popular. Sin embargo, a inicios de 2018, el tribunal congeló los recursos a la espera de que el TJUE se pronunciara sobre la decisión de la JUR de resolver la entidad. Fuentes cercanas al caso confían en que el tribunal europeo se pronuncie al respecto el próximo año.
El Santander ya ha desmontado en los últimos dos años el banco adquirido con la ruptura y reorganización de las alianzas, la venta de la filial de EEUU y otros activos clave o el traspaso del ladrillo, a falta de solucionar tan solo el acuerdo con Allianz en materia de seguros y gestión de fondos. No obstante, fuentes jurídicas advierten que los tribunales pueden dar marcha atrás a la intervención del banco, hecho difícil tras el 'despiece' de la entidad, pero no imposible.
Cierre del 80% de oficinas
Dos años después de la caída del Popular, las cifras dan fe de lo que queda de la entidad. El Santander adquirió el banco con 9.209 empleados y 1.416 oficinas. Tras dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), el último aún en fase de negociación y que comenzará a ejecutarse este año, el grupo cántabro se desprenderá del 50% de la plantilla del Popular y echará el cierre al 80% de las oficinas. La entidad que encabeza Ana Botín ejecutó un primer ERE en el invierno de 2018, apenas seis meses después de la adquisición del banco, que se saldó con 1.100 salidas. Ahora, estima en 3.464 el número de empleados afectados por el segundo recorte. En total, la entidad ajustará 4.564 puestos de trabajo, casi la mitad de los empleados del Popular cuando adquirió el banco.
En lo que respecta a las oficinas, el Santander prevé cerrar en los próximos meses 1.150, frente a las 1.416 sucursales que tenía el banco adquirido en junio de 2017.
De momento, la marca Popular aún perdura en las cartelerías de las oficinas y en su página web, sin embargo su desaparición total es cuestión de meses. El Santander ya absorbió de forma jurídica al Popular el pasado mes de septiembre. El grupo cántabro inició este invierno la integración de su tecnología en las oficinas del que era el sexto banco del país, una vez culmine este proceso, que se prevé para el mes de julio, comenzará a desaparecer la marca Popular de forma definitiva.
La adquisición de la entidad le reportó al Santander más de 4 millones de clientes. Además, incrementó el negocio en España, con un alza del 35,6% de los préstamos a la clientela, hasta situarlos en la actualidad en 207.417 millones de euros y un 47,4% de los depósitos, hasta los 260.616 millones de euros.
Una compra no tan barata
Sin embargo, a pesar de que la entidad roja pagó tan sólo un euro por el Popular, la adquisición no le salió gratis. El banco cántabro tuvo que inyectar 13.000 millones de euros de liquidez en su nueva entidad para que las oficinas pudieran abrir al público. Cabe destacar que el 6 de junio, el consejo de administración del Popular, entonces encabezado por Emilio Saracho, alertó al Banco Central Europeo (BCE) del acuciante problema de liquidez que tenía la entidad y de que no iba a ser capaz de abrir las ventanillas al día siguiente, motivo por el que la Junta Única de Resolución (JUR)europea intervino el banco y se lo adjudicó al Santander en la madrugada del 6 al 7 de junio.
Además, el grupo que lidera Ana Botín también tuvo que realizar una ampliación de capital de 7.072 millones de euros para hacer frente a la integración del Popular.
No obstante, la adquisición de la entidad ya ha comenzado a dar sus primeras sinergias. El negocio del banco en España ha recortado un 5,7% los costes de explotación hasta situarlos en 1.079 millones de euros, lo que supone 66 millones de euros menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, la entidad incrementó en el plan estratégico presentado en abril los ahorros que otorgará la fusión de ambas entidades de 500 a 750 millones de euros anuales. Parte de este recorte de gastos vendrá dado por el plan de ajustes que negocia el grupo, con el objetivo de ahorrar hasta mil millones en el mercado europeo.
Los peritos miran a Saracho: la gravedad de sus declaraciones pudieron desestabilizar el banco
La presidencia de Emilio Saracho en el Popular sólo duró cuatro meses. El banco cayó ante una importante falta de liquidez tras sufrir una fuga de depósitos de más de 13.000 millones de euros entre abril y junio de 2017. Según los peritos del Banco de España, Saracho incrementó la incertidumbre sobre la entidad con sus declaraciones en la Junta de Accionistas del 10 de abril de ese año al decir que el Popular necesita una ampliación de capital o ser vendido. Según los peritos, "la gravedad de su mensaje" "pudo tener relación con la desestabilización del banco".
Su antecesor en el cargo, Ángel Ron, aseguró en el Congreso de los Diputados que Saracho le dijo días antes de tomar la presidencia del banco que iba "asustar" al mercado y a "amenazar con estrellar el avión en la puerta del BCE" para bajar el precio de la acción y así poder vender la entidad. Según Ron, su sucesor le reveló que "ni sabía ni venía a gestionar" el banco y su único objetivo era venderlo antes de junio de 2017 o, de lo contrario, "montaría una tómbola" con él. Saracho respondió a estas palabras asegurando que la acción nunca le quitó el sueño, ya que bajaba sola porque banco "valía cerca de cero". Finalmente, fue el consejo de administración del banco, con el propio Saracho al frente, quien remitió una carta al BCE el 6 de junio de ese año asegurando que no podían abrir las oficinas al día siguiente por falta de liquides. La Audiencia Nacional mantiene imputado al exbanquero por el presunto delito de manipulación del precio de la acción. Además, el magistrado José Luis Calama también investiga otros aspectos de su gestión que pudieran llevar a la caída del banco.
