El empresario mexicano y accionista del Popular, Antonio del Valle, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la quiebra del que era el sexto gran banco de España. El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, investigará a Del Valle por presunta manipulación del mercado para lucrarse. Varios accionistas del Popular señalan en una de las querellas contra la excúpula de la entidad que en el seno de la misma hubo "maniobras especulativas orquestadas por el propio presidente del consejo, el Sr. (Emilio) Saracho y Antonio del Valle, accionista líder del grupo mexicano con una participación del 4,287% [...] dirigidas a hacer bajar el valor de la acción de la entidad en beneficio propio". E incluso, llegan a indicar que el propio Saracho "era un caballo de Troya" que "movió los hilos" para beneficiar que el Banco Santander se quedara con el Popular.
El magistrado apunta que lo que se denuncia se entiende como "una campaña de desprestigio" de la entidad a través de la publicación de noticias falsas para hacer caer el valor de sus acciones y "obtener así importantes beneficios", hechos que podrían constituir un delito de manipulación del mercado.
La admisión de cuatro querellas presentadas por perjudicados por la resolución del banco, varios de ellos aunados en Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas) y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), supone el inicio de la investigación por la vía penal de los expresidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, y de sus respectivos consejos.
El juez, tal y como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción, ha dividido la causa en dos piezas separadas. La primera, investigará la ampliación de capital que realizó el banco en 2016 de 2.500 millones. Según el auto, los administradores de la entidad, con el objetivo de captar el capital de los inversores, proporcionaron a través de los folletos informativos una información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica del banco. Estos hechos, según el juez, supondrían un delito de manipulación del mercado y de falsedad contable.
Al respecto, Andreu recuerda que los miembros del consejo de administración, al tomar posesión de su cargo, adquieren una serie de responsabilidades, entre las que están formular las cuentas, redactarlas, firmarlas y supervisarlas. La segunda fase de la investigación se centra en las presuntas informaciones falsas para hacer caer la acción.
Los denunciantes también han solicitado al magistrado que investigue si se produjo administración desleal y apropiación indebida a raíz de las remuneraciones que presuntamente recibieron Ángel Ron y Emilio Saracho por su labor al frente del banco. Respecto al primero, piden esclarecer si cobró 1,47 millones por todo el año 2016, y si, además, se reservó un pago anual vitalicio de 1 millón de euros. Sobre Saracho, denuncian la posible prima que se aseguró por su contratación de 4 millones, si tenía un blindaje extraordinario y si recibió otras remuneraciones en especie. Los dos casos serán investigados.
El magistrado llamará a declarar a los dos expresidentes y los miembros de sus consejos, además de al representante legal de PwC, firma que auditó las cuentas con las que el banco salió a la ampliación, y al socio que las firmó, Pedro Barrio.
El juez, sin embargo, ha rechazado incorporar en la causa los correos intercambiados entre el Popular y el Banco de España durante la ampliación, porque considera que entrar en los aspectos supervisores entorpecería la investigación.
Ron y Saracho, más cerca del embargo
El juez Fernando Andreu va a esperar a tomar declaración a los expresidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, y a su consejo, para decidir si corresponde afianzar las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la quiebra del Popular. Los accionistas y bonistas del banco afectados han solicitado en sus demandas que el magistrado tome medidas cautelares sobre los bienes de sus antiguos responsables. Las demandas recuerdan que, cuando Ron hizo oficial su dimisión en la junta de febrero, varios asistentes pidieron que respondiera con su patrimonio.
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