El Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España aprobaron la ampliación de capital de 2016 del Banco Popular por 2.500 millones de euros, a pesar de conocer que existían presuntas irregularidades en las cuentas del banco ya que no se habían contabilizado bien los activos problemáticos. El informe remitido por los peritos del Banco de España al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga la caída de la entidad refleja que el Popular era viable para realizar esta operación, aunque las cuentas del folleto "no respetaban determinados aspectos de la normativa". El BCE ya detectó la falta de provisiones.
Los peritos Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández insisten en que el Popular "no era inviable" ya que "a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones de euros", según el documento al que ha tenido acceso Efe. Sin embargo, consideran que las hipótesis del folleto de la ampliación de capital sobre la evolución de la cartera de dudosos eran muy optimista, lo que invalidaba las previsiones de cobertura, pérdidas y solvencia del documento.
De este modo, cuestionan que las cuentas de 2015 no respetaban determinados aspectos del marco contable del Banco de España como se demostró tiempo más tarde, cuando la corrección parcial de algunos de ellos causó las pérdidas a diciembre de 2016. Aunque reconocen que no les es posible cuantificar el impacto de los incumplimientos relativos a la sobrevaloración de las tasaciones, toman como punto de partida la estimación incluida en el plan de negocio aprobado el 31 de mayo de 2017, apenas una semana antes de la resolución del Popular.
En este se cuantificaban pérdidas de 1.915 millones por las provisiones de inversión crediticia y adjudicados de 4.180 millones, importe que "al igual que los 5.254 millones registrados en 2016 estaba vinculado en su mayoría a activos inmobiliarios y créditos concedidos a empresas del sector" hasta 2007.
Falta de dotaciones
El BCE también dio luz verde a la operación a pesar de que había advertido que las cuentas de la entidad tenían graves irregularidades financieras, según un informe confidencial del supervisor europeo publicado por la revista económica británica International Financing Reviuw, de Reuters.
El informe del BCE, fechado el 14 de septiembre de 2016, refleja que el organismo identificó "cifras significativas" de irregularidades dos meses antes de la ampliación de capital. Concretamente, el supervisor identificó que había 2.400 millones de préstamos morosos clasificados como dudosos, lo que afloraba un déficit de 1.800 millones de euros en provisiones.
Sin embargo, en una reunión celebrada en abril en Fráncfort entre jefes y reguladores, presidida por Danielle Nouy, entonces directora de la junta de supervisión del banco central, se discutió sobre la necesidad de reunir capital de forma rápida ante la cercanía del referéndum (en junio de 2016) del Reino Unido sobre la salida de la Unión Europea, lo que podría haber limitado la capacidad de los bancos para reunir capital. Se acordó que era mejor hacer el aumento de capital lo antes posible, según la publicación británica.
Los inversores que acudieron a la ampliación de capital que hizo el Popular en mayo de 2016 perdieron todo su dinero tras la resolución del banco por parte de la Junta Única Europea (JUR) en junio de 2017 y su posterior venta al Santander por un euro.
Plan de desinversión
Aprobada en mayo de 2016, todavía con Ángel Ron como presidente, en dicha campaña se suscribieron títulos por valor de 2.500 millones de euros en lo que fue una operación, ahora objeto de investigación tanto en la vía penal como civil, con la que el grupo pretendía fortalecer su balance, mejorar su rentabilidad y sus niveles de solvencia y calidad de activos.
Además, la entidad anunció entonces un nuevo plan estratégico que preveía la desinversión de 15.000 millones de euros de activos improductivos brutos en dos años, hasta 2018.
