El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, ya se perfila como el gestor de la que era la sexta mayor entidad española más perjudicado en el caso de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, abriera una causa judicial para investigar la responsabilidad de sus dirigentes en la quiebra. El juez preguntó este verano a la Fiscalía Anticorrupción si debía o no admitir a trámite las querellas penales contra los dirigentes de la entidad y ya ha recibido respuesta: sí. El fiscal considera que existen indicios de delito contra los gestores que manejaron el banco desde la ampliación de capital de 2016 hasta su intervención, el 7 de junio de este año. Además, el Ministerio Pública, también subraya que los estados contables en los que la entidad se apoyó para realizar la ampliación estaban presuntamente falseados.
El apunte del fiscal respecto a las cuentas asemeja así el caso del Popular con el de Bankia, que también instruyó el juez Andreu, y que ha solicitado sentar en el banquillo a todos los miembros del consejo de administración de la entidad madrileña y de su matriz BFA como responsables de un delito de falsedad contable y estafa a los inversores.
La previsible y futura apertura de un proceso penal contra el Popular situaría a Ron en la peor perspectiva, frente a su sucesor, Emilio Saracho, puesto que la ampliación se realizó durante su mandato. Continuando con los paralelismos con el caso Bankia, cabe recordar que precisamente la Fiscalía pidió para Rodrigo Rato, su entonces presidente, una pena de cinco años de cárcel, la mayor de las solicitadas para los responsables del banco.
Cerco a los altos cargos
El requerimiento de investigación de la Fiscalía engloba a un total de 26 personas, que fueron las que ocuparon una silla en el consejo de administración del Popular desde el momento de la ampliación de capital hasta la resolución. Es decir, un periodo de tiempo de un año y un mes, en el que de por medio hubo el relevo de Ángel Ron por Emilio Saracho y hasta trece movimientos en el órgano ejecutivo.
Entre los cambios, cabe destacar que en julio de 2016, Francisco Gómez dejó el cargo de consejero delegado y fue sustituido por Pedro Lareda. Este cambio se produjo tan solo un mes después de que Banco Popular cerrara la ampliación de 2.500 millones de euros. Tan solo tres meses después de esta operación, el empresario mexicano Antonio del Valle, consejero del banco y accionista con una participación del 4%, también decidió abandonar el consejo por sus diferencias con Ron, a quién culpó de la mala evolución de la entidad.
Doble guerra con Del Valle
Precisamente, Del Valle es uno de los protagonistas que se encuentran en los dos bandos de la batalla judicial. De un lado, el empresario mexicano interpuso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), encargado de deliberar sobre las decisiones de los organismos de la Comunidad, un recurso contra la resolución del banco adoptada por la JUR que le hizo perder toda su inversión. Sin embargo, como miembro del consejo de administración, la Fiscalía pide investigarlo por su responsabilidad en la quiebra.
Pero, además, varios accionistas y bonistas afectados se han querellado contra él por, presuntamente, filtrar a determinados medios de comunicación informaciones que perjudicaban a la entidad con el fin de hacer caer la acción de la misma y beneficiarse especulando en bolsa. Entre los denunciados, y a los que el fiscal también pide investigar, están los seis nuevos miembros del consejo que nombró Emilio Saracho tras su aterrizaje en febrero, como Ignacio Sánchez Asián, consejero delegado del banco.
El fiscal ha informado así a favor de que se admitan todas las querellas que imputan hasta seis delitos a los gestores del banco: administración desleal, falsedad contable, estafa a los inversores, manipulación del mercado, uso de información privilegiada o apropiación indebida.
El fiscal también solicitó investigar a PwC y al socio de la auditora que firmó las cuentas de la entidad que acompañaban al folleto informativo de la ampliación de capital. De nuevo, el caso Bankia marca un precedente al respecto. Mientras que el magistrado Andreu sacó de la imputación penal a la firma Deloitte, auditora de los estados contables de la entidad madrileña, haciendo recaer la responsabilidad sobre el socio de la auditora Francisco Celma, la Sala de la Audiencia determinó hace tres semanas que el juez también debería sentar en el banquillo a la firma puesto que constituyen la misma entidad jurídica. El Ministerio Público excluye de la investigación del Popular a los supervisores, como el Banco de España y la CNMV.
