El peso del rescate de Banco Popular comienza a caer de lleno sobre sus exdirectivos. El fiscal Anticorrupción que lleva el caso, Antonio Romeral, ya apunta a que en los meses previos a la resolución de la entidad que llevó a los accionistas a perder toda su inversión hubo hechos constitutivos de delito contra el mercado y los consumidores. La Fiscalía señala en el escrito que remitió el pasado viernes al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que el banco proporcionó información falsa a los inversores en la ampliación de capital que llevó a cabo en la primavera de 2016. | Santander compra Popular por un euro y ampliará capital en 7.000 millones
Concretamente, la entidad entonces presidida por Ángel Ron solicitó una ampliación por 2.500 millones de euros entre mayo y junio de 2016. Anticorrupción alega que el Popular ofreció, a través del folleto informativo, una información de sus estados financieros que no reflejaban la verdadera situación económica de la entidad y pide, por tanto, al juez Andreu que abra una pieza separada para investigar la ampliación de capital.
Semejanza con Bankia
La visión del fiscal Antonio Romeral, basada en la treintena de denuncias y querellas impuestas por los accionistas y bonistas de la entidad que perdieron todo su dinero tras la resolución decidida por la Junta Única de Resolución (JUR) europea el pasado 7 de junio, aproxima el caso del Popular con el de Bankia. La investigación sobre la presunta estafa por la salida a bolsa de la entidad madrileña, también instruida por el magistrado Fernando Andreu, determinó que los responsables de la entidad ofrecieron a los inversores una información falsa de los estados financieros de Bankia a través del folleto informativo elaborado para el salto al parqué del banco entonces presidido por Rodrigo Rato.
Andreu dio por concluida la instrucción del caso Bankia el pasado mes de mayo y solicitó la apertura de juicio oral contra los 32 antiguos miembros que conformaban los consejos de administración de Bankia y de su matriz BFA, entre ellos, el propio Rodrigo Rato, al considerarlos responsables de la elaboración de la información que se dio en la salida a bolsa sobre los estados financieros del banco.
En lo relativo al caso del Popular, el fiscal también ha solicitado al juez que admita a trámite las denuncias contra los dos expresidentes del banco, Ángel Ron (febrero de 2006 a febrero de 2017) y Emilio Saracho (febrero a junio de 2017) para depurar su responsabilidad penal en la caída de la que era la sexta mayor entidad bancaria española.
Además, la Fiscalía Anticorrupción denuncia, sin ofrecer nombres, que determinados miembros cercanos al banco ofrecieron información malintencionada a determinados medios de comunicación para hacer caer el valor de la cotización de las acciones del Popular y especular así en el mercado para beneficio propio.
A raíz de la resolución del banco hace ya tres meses, los 300.000 accionistas y bonistas que vieron como toda su inversión se redujo a cero han acudido este verano a las distintas vías judiciales para reclamar los daños.
El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) ha recibido ya casi sesenta recursos que piden la anulación de la resolución de la JUR, el mayor número de asuntos judiciales en la historia contra una decisión tomada por un organismo europeo, mientras que las acciones que exigen la marcha atrás del rescate presentadas ante la Audiencia Nacional ya superan el centenar.
El auditor, bajo lupa
Por la vía penal, también se han interpuesto un total de 26 querellas contra Ron, Saracho, los consejos de administración de ambos, la auditora PwC y el socio de la misma que firmó las cuentas que acompañaban al folleto informativo de la ampliación de capital. La Fiscalía pide investigarlos por diversos delitos como administración desleal, falsedad contable, estafa a los inversores, manipulación del mercado, uso de información privilegiada o apropiación indebida.
Sin embargo, el fiscal deja caer en saco roto las denuncias dirigidas contra el Ministerio de Economía; el Banco de España y su gobernador Luis María Linde; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella; o el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, al considerar que las querellas no están bien argumentadas ni imputan delito claro.
Aquellos que no podrán reclamar por la vía judicial la reparación de los daños por el rescate son los accionistas y bonistas que se acojan a la oferta lanzada por el Santander para compensar a los inversores por las pérdidas. La entidad cántabra, que compró el Popular por un euro, ha emitido unos bonos de fidelización con un vencimiento a siete años y un tipo de interés del 1% anual que se pagará trimestralmente para pequeños accionistas y bonistas cuya inversión no sobrepasara el millón de euros.
De este modo, podrán recuperar la totalidad de su dinero quienes tuvieran invertidos hasta 100.000 euros en el Popular; hasta el 50% aquellos inversores que tuvieran entre 100.001 euros y 500.000, y el 75% del dinero, los afectados cuya inversión oscilará entre los 500.001 y el millón de euros.
Uno de los principales requisitos que exige el banco que preside Ana Botín para acogerse a esta oferta es la prohibición de emprender acciones legales contra el Popular, el Santander, cualquiera de sus filiales o de sus directivos.
