Los antiguos accionistas del Popular cargan directamente contra España para recuperar su dinero. Un grupo de 55 inversores encabezados por el empresario mexicano Antonio del Valle, que tenía el 4,2% del Popular antes de la resolución de la entidad, presentaron el pasado lunes un arbitraje internacional contra España para recuperar su dinero.
Así, los afectados piden que se les devuelva los 470 millones que perdieron por las actuaciones "arbitrarias" del Frob. Según informa Reuters, los antiguos accionistas denuncian que España no valoró una venta del banco a un tercero, minando así el daño de los accionistas, ni otras opciones para obtener capital.
Además, los afectados también han actuado por la vía judicial y han presentado ante un juzgado de Nueva York una denuncia contra el Banco Santander en la que le solicitan que revele información sobre la compra del Popular.
Carta a Rajoy
Estos inversores ya remitieron una carta el pasado 22 de enero al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le avisaban que presentarían un arbitraje internacional contra España por la violación del tratado de inversiones entre México y España. La misiva señala que, mientras se dio apariencia de una operación de venta del Popular en un proceso competitivo, en realidad se simuló la operación con el objetivo de garantizar que el único ofertante sería la entidad que preside Ana Botín.
Además de las acusaciones de que se vendió el banco "a dedo" al Santander, los inversores también critican la decisión del Banco de España de negar al Popular 6.000 millones de euros de liquidez de emergencia. A su juicio, esta aportación de liquidez podría haber garantizado capital fresco al banco y rebajado el perjuicio a los inversores.
Desde el bufete de abogados Kirkland & Ellis, representantes de Antonio del Valle y el grupo de inversores afectados por la resolución del Popular, aseguran que España ha violado sus obligaciones de proporcionar un trato justo y equitativo y un entorno legal y regulatorio. Por contra, el bufete acusa al país de expropiar las inversiones de sus representados con decisiones arbitrarias y que carecen de transparencia.
Respecto a las peticiones al Banco Santander que los afectados hacen a través de un juzgado neoyorkino, los antiguos accionistas buscan conocer cómo valoró al Popular antes de realizar su oferta. Del Valle y el resto de inversores creen que esta información podría ser clave para avanzar en sus acciones legales presentadas ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) contra la resolución por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) europea. El bufete Kirkland & Ellis señala que el banco cántabro, como participante activo y adquiriente, tendrá documentos e información de gran relevancia para entender cómo se ordenó la resolución.
España entra a partir de ahora en un plazo de seis meses para dar respuesta a este grupo de accionistas, según las reglas del arbitraje internacional. En caso de que no se alcance una solución entre ambas partes, el siguiente paso se dará en los tribunales.
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