El Ejecutivo lanzará "inmediatamente" tres nuevas normas para impulsar el vehículo eléctrico: un decreto sobre el mantenimiento de los puntos de recarga, con prestaciones y obligaciones, otro informativo, sobre ubicaciones, tipos y costes de recarga, y otro de acompañamiento a la compra del vehículo, con un nuevo Moves "que permanecerá abierto en el tiempo".
Así lo ha anunciado esta mañana Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en un Ágora organizada por elEconomista que ha contado con el patrocinio de Acciona y se ha celebrado con las máximas medidas de seguridad sanitaria en Madrid.
La vicepresidenta ha destacado que las nuevas medidas -el próximo Plan Moves se presenta este viernes- forman parte de la apuesta del Ejecutivo para facilitar el despegue de la movilidad eléctrica, junto con otras medidas, como las incluidas en la futura Ley de cambio climático, actualmente en tramitación, que el Congreso debería remitir esta semana al Senado.
La ley, concretamente, impone que haya puntos de recarga en los grandes ejes y en las estaciones de servicio de carburantes con más ventas "porque creemos que es importante que sea sencillo para el ciudadano, que además de tener un mapa en una app que le indique donde está el punto de recarga más próximo, pierda la preocupación sobre cuánto me va a durar o dónde voy a poder recargar".
Teresa Ribera: "el ciudadano debe perder la preocupación sobre cuánto le va a durar la carga del vehículo eléctrico o dónde va a poder recargar"
Ribera ha reconocido que todos estos cambios se están produciendo "en muy poco tiempo" y que es lógico que los fabricantes de vehículos afincados en España quieran una demanda local. En este sentido, ha señalado que ha habido un cambio muy significativo en el sector -"una industria clave en términos de PIB y empleo"-, y que la pandemia y sus restricciones a la movilidad ha hundido las ventas de vehículos y "ha precipitado algunos cambios y no ha facilitado el contar con liquidez para abordarlos".
No obstante, ha subrayado que "es muy significativo que estemos pasando de un vehículo que es considerado un producto boutique, porque sigue siendo en términos comparados un desembolso muy importante para las familias medias, a la posibilidad de democratizar el acceso a un vehículo eléctrico", con costes cada vez más competitivos. Ha defendido la calidad de la industria nacional y ha sostenido que "creo que nuestro país tiene un recorrido interesantísimo en todo ello; muchas veces vemos más lo que ocurre lejos que ponemos en valor lo que tenemos".
Respetar la literalidad de la normativa europea
Con relación a la prohibición de que los vehículos nuevos emitan CO2 a partir de 2040, incluida en el citado proyecto de Ley de cambio climático -que tiene en armas a las empresas petroleas y refineras, porque no podrá vender carburantes-, Ribera ha apuntado que "ahí ha habido necesidad de comunicación y explicación adicional; nosotros lo que hemos hecho es respetar la literalidad de las normas europeas a este respecto; Europa nos marca referencias claras respecto a la evolución de la movilidad y la evolución de los combustibles fósiles" y ha añadido que "daríamos una falsa sensación de seguridad si introdujésemos una regulación distinta a la regulación europea".
Sobre el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) -la herramienta para repartir los 7.000 millones de costes de las renovables históricas entre el consumo de electricidad, gas y petróleo-, que también tiene la oposición del sector petrolero y el gasista, ha explicado que el objetivo de renovables es un objetivo del país y que la medida "ayuda a dar congruencia a las señales de precios al consumidor industrial o doméstico final".
Luego ha incidido en que la aplicación del FNSSE "se hace de un modo muy suave, con un margen de tiempo muy amplio para incorporar esa contribución de los distintos sectores" -la norma plantea que se incorpore progresivamente durante cinco años-, y ha defendido que "tiene que venir acompañado con otras cuestiones, como cambio de calderas, más autoconsumo o comunidades energéticas sobre la base del consumo renovable". Ha remachado esta parte de su intervención afirmando que "en todos los escenarios el balance es positivo".
Posible participación pública en Alcoa
Sobre la situación de la industria, Ribera ha abierto la puerta a que el Estado tome una participación en Alcoa: "en un determinado momento se puede plantear la necesidad de que haya una participación o una intermediación de la Sepi, pero no vamos a volver a un sector público industrial 100% como hace 40 años". También ha dejado claro que la situación de las fábricas de aluminio de la empresa "no tiene nada que ver con el precio de la energía; Alcoa estaba reordenando su producción, buscando otro tipo de mercados y buscaba cómo explicar sus decisiones señalando en otras direcciones que no fuera su propio consejo de administración".
Teresa Ribera: "Alcoa estaba reordenando su producción, buscando otro tipo de mercados y buscaba cómo explicar sus decisiones señalando en otras direcciones que no fuera su propio consejo de administración"
Ha recalcado que la energía no es el único elemento de la política industrial -en el caso de Alcoa ha recordado que hay sentencia judicial que lo avala- y que España es muy competitiva por la calificación de los trabajadores, por flexibilidad, por capacidad logística..., aunque ha reconocido que "a las pequeñas y medianas empresas les falta un espacio para anticipar cómo puede evolucionar el mercado de su producto en contextos internacionales y prepararse".
Sobre el precio de la luz, la vicepresidenta ha apuntado que la semana que viene se lanzará una campaña de información y divulgación sobre la nueva estructura del recibo de la luz, más compleja que la actual, que entrará en vigor el próximo 1 de junio. "En grandes líneas, sale beneficiado el consumidor: el más atento tendrá una señal de eficiencia, por eso se incrementa la parte variable del consumo frente a la parte fija y se introducen franjas horarias porque hay horas con más demanda y precio más alto". Ha especificado que se ciñe a la tarifa doméstica regulada por el Gobierno (el denominado PVPC) y no al resto de ofertas del mercado libre.
Aprovechó para destacar que los precios de la electricidad en España están bajando con relación al resto de la UE, y que serán más competitivos ya en 2023, por la penetración de renovables con costes operativos muy bajos: "nos ha hecho ya convertirnos en el país con más contratación bilateral firmada a medio y largo plazo en 2020", pero dejó claro que mientras exista generación convencional sometida a los precios del CO2 que marque el precio marginal del mercado eléctrico "se producirán distorsiones que a veces son poco agradables".
Hibernar ciclos combinados de gas
En este sentido, ha anunciado que su Cartera está trabajando en varias disposiciones "importantes" para los ciclos combinados de gas, que son necesarios para que funcione el sistema eléctrico "y funcionan muy, muy, muy por debajo de lo que es razonable y rentable". Apuntó a las restricciones que impone Bruselas a varios mecanismos de apoyo y se decantó por apagarlos hasta que sean necesarios: "creemos que lo razonable es hibernarlos para reducir costes del sistema, pero tenerlos disponibles por si se llegaran a necesitar", a la par que buscar soluciones en la estrategia de almacenamiento y desarrollar un mercado de capacidad: "estamos ultimando una propuesta de regulación al respecto que dará cabida a una solución, que se conocerá en unas semanas".
Ribera rechazó que haya una burbuja en el sector de las renovables, aunque haya muestras de sobrecalentamiento en el mercado y alguna empresa haya aplazado sus planes de salir a Bolsa; Indicó que "estamos en el centro del interés y tenemos las confianza de los inversores; esto tenemos que gestionarlo con prudencia, humildad y profesionalidad".
Se apoyó en el hecho de que España y Suecia sean los dos mayores receptores de inversión extranjera de la UE para poner en valor la confianza que genera el país y que es modelo internacional: "en Europa algunos países han ido un poquito más despacio que nosotros y están muy pendientes de lo que estamos haciendo". También indicó que influye el bajo precio del dinero y recalcó la importancia de contar con inversores serios, con vocación industrial y con vocación de permanencia; creo que burbuja es una calificación peligrosa y ambivalente; no lo llamaría burbuja, sino de interés".
En este sentido, comentó sus palabras sobre la "buena noticia" que representaba la opa de IFM sobre Naturgy, indicando que se refería al interés de la inversión extranjera en el país, más aún tras el proceso de reconversión acelerado de los últimos años. Valoró el carácter "sistémico y estratégico" de Naturgy para España, insistió en que el Ejecutivo está analizando con detalle el perfil inversor de IFM y su estructura.
A su juicio, IFM "declara su voluntad de invertir en empresas con algo grado de compromiso en transición energética y criterios de sostenibilidad ambiental, social y de buena gobernanza, de modo que en ese sentido, si uno hace un repaso de los distintos tipos de inversor, es un inversor razonable". Recalcó, no obstante, que "estamos estudiando bien la operación, vamos a ser serios y vamos a explicar hasta el último detalle de lo que hacemos y porqué lo hacemos".