La movilidad, la sanidad, las infraestructuras y la cadena agroalimentaria son los sectores que recibirán más ayudas de los 140.000 millones de euros que la UE otorgará a España en los próximos seis años, tras la aprobación del programa de 750.000 millones, Next Generation Europe. Así lo ha señalado el secretario general de Industria, Raúl Blanco.
El automóvil es el primer sector industrial del país; en 2019 facturó cerca de 70.000 millones, aportó alrededor de un 10% del PIB, mantuvo un volumen de empleo superior a los 1,9 millones de trabajadores -considerando los directos y los indirectos, el 9% del total- y movilizó un volumen de inversión de 2.700 millones.
España es el segundo productor europeo de vehículos, tras Alemania, pero las fábricas afrontan un período convulso en el que la transición hacia una economía más sostenible, protagonizada por la electrificación, y la competencia global -incluyendo la de los centros productivos de las mismas marcas-, llenan de nubarrones el futuro. Buena muestra de ello es la situación de la fábrica de Nissan en Barcelona.
A esa situación estructural se le suma el brutal impacto de la Covid-19, que reducirá el volumen del mercado nacional de un 40% a un 45% este año, suponiendo que no haya nuevos confinamientos. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno aprobó a inicios de julio un plan de apoyo al sector de 3.750 millones, entre ayudas directas y facilidades financieras; la inyección de fondos, que incluye subvenciones a la compra de vehículos, se reparte en 1.535 millones para este 2020 y otros 2.215 millones de 2021 a 2022.
Este apoyo es pequeño en comparación con la magnitud del desafío del sector. Anfac, la gran patronal del motor, ha presentado el Plan 2020-2040, que aspira a incrementar el valor del mercado de la movilidad hasta los 310.000 millones y a crear 1,5 millones de empleos. Para conseguirlo ha calculado unas necesidades de inversión de 54.000 millones durante las dos décadas. Y no ve mucha alternativa: "No hacer nada implicaría la pérdida de cerca de 194.000 empleos y un impacto equivalente al de la crisis económica de 2012 sin posibilidad de recuperación, porque la industria actual quedaría obsoleta, fuera del mercado", en palabras del presidente de la Asociación, José Vicente de los Mozos.
José Vicente de los Mozos: "No hacer nada implicaría la pérdida de cerca de 194.000 empleos y un impacto equivalente al de la crisis económica de 2012 sin posibilidad de recuperación, porque la industria actual quedaría obsoleta, fuera del mercado"
El Gobierno es consciente de la magnitud del desafío y Blanco ya ha comentado que el Gobierno tiene intención de destinar hasta un 10% de los nuevos fondos europeos a la movilidad.
Sanidad: alcanzar un 7% del PIB
Otro de los sectores identificados como prioritarios es la sanidad -sobre todo después de la explosión de la pandemia-, que según los datos Informa factura unos 66.000 millones anuales y es responsable del 7,7% del empleo nacional. Desde hace años, los distintos actores del sector, desde las farmacéuticas hasta la sanidad privada o las firmas tecnológicas, vienen señalando la necesidad de incrementar el gasto público en la materia desde el actual 6% del PIB anual hasta un mínimo del 7%, es decir, aumentarlo en más de 10.000 millones anuales.
Bruselas es consciente de la necesidad de reforzar la sanidad europea, tanto reforzando las infraestructuras de salud como potenciando la investigación biomédica y produciendo dentro de las fronteras comunitarias medicamentos y productos esenciales. Del programa europeo de ayudas finalmente aprobado se ha caído una partida específica -denominado EU for Health- con 10.000 millones a escala comunitaria, pero se mantienen incentivos a la inversión para aquellas regiones particularmente afectadas por la pandemia.
Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, comentaba en un reciente observatorio de elEconomista que la industria farmacéutica se puede beneficiar de estas de sus líneas, y recordaba que un informe del Instituto Elcano indica que nuestro país puede convertirse en un hub de inversiones en el ámbito farmacéutico, habida cuenta de que destina a la I+D+i el 19% del total de la industria y sus exportaciones alcanzan un valor de 12.000 millones al año.
Humberto Arnés: "Europa es consciente de las necesidades de recobrar un cierto liderazgo en materia de investigación y de recuperar la producción de algunos medicamentos que se consideran esenciales, y ahí España puede captar recursos de manera importante"
"Europa es consciente de las necesidades de recobrar un cierto liderazgo en materia de investigación, perdido en favor de EEUU y de algunos países asiáticos, y de recuperar la producción de algunos medicamentos que se consideran esenciales, y ahí España puede captar recursos de manera importante", asevera Arnés.
Infraestructuras: casi 160.000 millones
La patronal constructora, Seopan, calculaba el pasado mes de mayo que España necesita 157.000 millones de inversión en infraestructuras entre 2021 y 2030, al objeto de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU. Este desembolso de capital, además, serviría para relanzar la economía: generarían 144.870 millones de actividad económica inducida, crearían 2,3 millones de nuevos empleos y proporcionarían un retorno fiscal de 77.159 millones.
La última actualización de los cálculos de Seopan -los elabora periódicamente- atiende a la urgencia sanitaria e incluye 23.600 millones para resolver las carencias de los hospitales y ampliar la capacidad sanitaria. Con ellos aumentarían las camas de los hospitales en más de 56.300 plazas, de modo que la capacidad asistencial pasaría del 14,6% actual hasta el 21,7% de media en la OCDE.
La parte del león de la inversión corresponde a uno de los capítulos prioritarios de Next Generation Europe, la sostenibilidad medioambiental y social de las ciudades, que incluye 30.776 millones para transporte público, 27.034 millones para mejorar la movilidad en vías urbanas e interurbanas, 7.650 millones en transporte ferroviario, 6.000 millones para infraestructuras urbanas verdes...
Para canalizar esa inversión ingente, las empresas apuestan por el modelo concesional, en palabras de Julián Núñez, presidente de Seopan: "El modelo concesional está en desuso desde 2012 y debemos plantearnos poner en valor los activos públicos que tenemos mediante la participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica, en particular nuestra red de carreteras, al igual que hacen el resto de los países de la Unión Europea".
La urgencia agroalimentaria
La crisis sanitaria está pasando una severa factura a la cadena agroalimentaria, con más de 30.000 empresas, que augura una caída de la actividad este año que puede llegar al 8% en la producción -acarició los 120.000 millones en 2019- y superar el 11% en las exportaciones, destruyendo hasta 23.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, sobre un total de 0,5 millones.
Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab, la patronal sectorial, insiste en la necesidad de "desestimar incrementos de impuestos, desarrollar una campaña de promoción que fomente el turismo y asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias, la eliminación de aranceles adicionales a los productos agroalimentarios impuestos por Estados Unidos, facilitando el comercio, promover la unidad de mercado y evitar regulaciones autonómicas que resten competitividad y luchar contra el desperdicio".
A esta coyuntura se añaden otros problemas, como la guerra arancelaria con EEUU o el nuevo diseño de la Política Agrícola Común (PAC), también aprobada este martes; aportará 47.500 millones a la renta agraria, pero condiciona la percepción de las ayudas a prácticas más sostenibles difíciles de implementar.
