El Gobierno ha tumbado los mensajes de la banca sobre la línea de créditos avalados a pymes, autónomos y empresas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha señalado que hasta el mediodía de hoy las entidades habían solicitado solo 2.747 millones de garantías, en contra de lo dicho por las grandes entidades en los últimos días de que habían agotado su cuota por unos 14.000 millones de los 20.000 millones dispuestos en el primer tramo. Es decir, que ha reclamado el 13,7% del total desde el lunes, cuando comenzó el mecanismo.
Calviño ha indicado que del total de peticiones, unos 2.595 millones corresponden a préstamos para pymes y autónomos, que son las que más necesitan el dinero y que la financiación total solicitada asciende a 3.500 millones, ya que ésta cuenta con una cobertura de entre el 60 y el 80%.
La banca había presionado al Ejecutivo para que pusieran en marcha un nuevo tramo de garantías ante la demanda que habían recibido de los clientes y que ésta superaba con creces el importe de los 20.000 millones. Además, estaban apuntando a que se necesitarían otros 20.000 o 30.000 millones de manera urgente. Ayer, por ejemplo, BBVA urgió a la puesta en marcha tras señalar que había agotado su parte, de unos 2.800 millones.
La diferencia de cifras se debe a los periodos en los trámites, ya que las solicitudes ante el ICO se deben cumplimentar con toda la documentación requerida para su posterior análisis o revisión. Los bancos pueden realizar todas las actuaciones previas con las empresas y una vez con toda la información tiene que reclamar el aval al organismo público.
Las distintas fuentes financieras consultadas confirman que la distorsión entre las cifras dadas por Calviño y por la entidades se debe a que una cosa son las solicitudes y demandas que han recibido los bancos que han superado con creces la cuota adjudicada por los avales y, otra, el proceso de tramitación. De hecho, hay entidades que a pesar de haber cubierto su cuota por demanda aún no han terminado de procesar el trámite al ICO.
De un lado, los bancos, cuando reciben una solicitud deben realizar un informe de riesgo al cliente y recopilar toda la documentación del mismo. Después, deben remitir esta gestión al ICO que también debe dar el visto bueno a la operación. Por tanto, aunque la demanda haya superado el límite de avales que podía conceder cada banco, aún no están todas las operaciones tramitadas, explican las mismas fuentes.
El ICO analiza todas las operaciones para liberar el dinero. Pero además, dentro de un par de meses realizará una auditoría de todas ellas para garantizar que son operaciones nuevas y los bancos no les están traspasando su riesgo. El instituto de crédito puede tumbar estas operaciones en ese momento si lo considera y los bancos, en ese caso, tendrán que asumir el préstamo sin aval del Estado.
Calviño ha manifestado que confía en el compromiso dado por las patronales de las entidades de que no van vincular otros productos, como seguros, ante la polémica desatada por esta práctica en algunos casos, pero ha advertido de que vigilará junto al Banco de España si están operando con buenas prácticas. El supervisor ya alertó de que iba a estar atento y la Comisión Nacional de la Competencia (CNMV) ha abierto ya una investigación tras recibir unas cincuenta denuncias.
