El creciente desgaste que el imparable encarecimiento de la electricidad provoca en el Gobierno, ante el que se ha visto por completo desarmado por su falta de previsión, ha llevado al Ejecutivo a tomar medidas prácticamente sin precedente en este mercado y que, una vez más, se afanan en situar en el punto de mira a las empresas eléctricas. Así lo demuestra el capítulo estrella del nuevo plan de choque para paliar la subida de la tarifa de la luz, anunciado tras el Consejo de Ministros de ayer. Muy por delante de las nuevas rebajas fiscales (como la reducción al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad cuyo efecto sobre la recaudación será ahora neutro), se sitúa la llamada "minoración temporal", por decreto-ley, de los "beneficios extra" obtenidos por las eléctricas. Ese hipotético superávit se relaciona con los máximos que ha registrado el gas en los mercados internacionales, lo que supondrá la confiscación de facto de cerca de 2.600 millones, el 90% de los supuestos sobreingresos. Lo que el Gobierno llama "beneficios extraordinarios" se deriva del hecho de que la generación eléctrica mediante fuentes libres de CO2 (especialmente la hidráulica y la nuclear) vio incrementado su precio en el mercado mayorista. Se trata de una situación inevitable desde el momento en que el gas se convirtió en la tecnología dominante en el pool y e impone su alta cotización a todas las demás. Este fenómeno no lo crearon las eléctricas; muy al contrario se vincula al funcionamiento mismo de un mercado marginalista, como es el energético de acuerdo con la normativa establecida para toda la Unión Europea.