Va a ser muy difícil que esta vez el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se aferre al cargo. El nivel de exigencia de la opinión pública (¿o es el de la publicada?) en contra de los casos de corrupción, vengan de donde vengan y se llamen como se llamen sus protagonistas, parece anunciar que en esta ocasión su obsesiva permanencia en el suculento despacho de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas no obtendrá beneficios.

Cuando la política intenta sustituir a la Justicia, normalmente fracasa. Cuando trata de hacer su labor de mejora de la vida de los ciudadanos, aunque no consiga tan noble objetivo, siempre estará en el camino correcto. La investigación de los casos de corrupción cometidos por dirigentes que se han aprovechado de sus cargos para engrosar sus arcas a costa del patrimonio colectivo recae con enorme acierto en policías, fiscales, jueces y tribunales.

La sensibilidad de un dirigente político debe situarse siempre del lado del sentimiento de la mayoría de sus administrados. Cuando se pierde ese punto invisible de entendimiento de las emociones de la gente, si es que se ha gozado de él alguna vez, quienes están en el poder empiezan a perder la razón de ser de los cargos que ostentan.

Cuatro años y 10 meses después de la Diada que cambió los principios, los medios y los fines del antiguo partido conocido como Convergencia Democrática, el proceso por el cual se quiere separar a Cataluña del resto de España está en su fase decisiva, en los meses finales de su ruptura ilegal. Si en aquel septiembre de 2012 le hubieran dicho al entonces president Artur Mas que hoy estamos a tres meses de su idílica consulta de autodeterminación, el vértigo seguramente le habría nublado la vista. Mucho más si alguien le hubiera adelantado que, cinco años después, las encuestas situarían a las siglas herederas de su antaño imbatible formación política en un raquítico 14,7% de intención de voto. Hasta aquí ha llegado la aventura independentista de un partido que nunca lo fue.

Los cuatro Acuerdos que en 1979 firmaron España y el Vaticano, dos Estados que se reconocen mutuamente, venían a reformar el tan mencionado y rechazado Concordato, que había sido suscrito durante la dictadura franquista. De facto, este repudiado texto con forma de convenio ha sido superado por disposiciones adoptadas durante la etapa democrática de nuestro país. Con los Acuerdos se actualizaban muchos de sus puntos fundamentales y se recogía en ellos la aconfesionalidad que la Constitución había consagrado un año antes, aunque con mención expresa al mantenimiento de las relaciones de cooperación con la Iglesia católica. Esta parte de la Carta Magna da la sensación de no haber sido leída por muchos actores de la vida política española.