Parece sacado de un guión eterno. El libreto es de manual, aunque los papeles se intercambien según quien gobierne y se mantengan fieles a la tradición los párrafos de las fuerzas sindicales. Día de Encuesta de Población Activa (máxime si es la de verano, tan espectacular en los datos), día en que las redacciones pueden sacar los titulares de siempre porque servirán sin apenas cambiar una coma. Con ligerísimos matices, volverán a nuestra boca términos que quedan lejísimos de la calle y del común de los trabajadores que luchan por salir adelante en nuestro país: temporalidad, precariedad, estacionalidad, dualidad.
En uno de los momentos álgidos de Casablanca, ese romance negro en futuro y posibilidades de subsistencia, alguien dice: "Se ha cometido un crimen. Detengan a los sospechosos habituales". Podríamos decir lo mismo hoy: se han publicado unos datos del mercado de trabajo, hagan las valoraciones habituales. Una EPA con 340.700 desempleados menos no es una anécdota para España, que lleva años luchando contra el paro denodadamente. Un aumento de 370.000 en el número de ocupados, que permite rozar la barrera soñada de los veinte millones, es un motivo de satisfacción para todos, gobierno al margen y descontadas las declaraciones de siempre. El gobierno no ha contratado a la inmensa mayoría de los trabajadores que han abandonado las oficinas del INEM, eso es algo de lo que sólo puede presumir el mismo sistema de empleadores y empleados que con su esfuerzo han logrado cifras récord con las que mirar al futuro con optimismo.
Los partidos de oposición y los sindicatos insisten hoy en su habitual valoración con respecto a la baja calidad de los empleos que se crean. ¿Algún porcentaje que permite excluir de ese saco contratos con una remuneración adecuada, con unos horarios adecuados y con una duración conveniente? No lo escucharán. El martillo pilón de la temporalidad volverá a machacar con su insistencia, obviando como también es habitual los datos históricos que comparan esa misma magnitud en las últimas décadas: el 92% de los contratos han sido de carácter temporal en España desde el año 1985, mucho antes de que entrara en vigor la cuasi derogada reforma laboral de 2012. Llehó al 94% en los gobiernos de Zapatero, y al 96 en los de Felipe González, según datos contrastables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Sobre estas cifras no escucharemos una sola palabra, aunque todas las que escuchemos tengan su parte de razón. Especialmente la de los salarios aun inmersos en una etapa de crisis que muchas empresas dan ya por superada. ¿Por qué no superar también los agujeros más asfixiantes del cinturón de los empleados? Esa, y no la de la temporalidad, debería ser la pelea de los representantes, porque nadie puede demostrar que un contrato temporal sea intrínsecamente malo o peor que uno indefinido.
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