Cuatro años y 10 meses después de la Diada que cambió los principios, los medios y los fines del antiguo partido conocido como Convergencia Democrática, el proceso por el cual se quiere separar a Cataluña del resto de España está en su fase decisiva, en los meses finales de su ruptura ilegal. Si en aquel septiembre de 2012 le hubieran dicho al entonces president Artur Mas que hoy estamos a tres meses de su idílica consulta de autodeterminación, el vértigo seguramente le habría nublado la vista. Mucho más si alguien le hubiera adelantado que, cinco años después, las encuestas situarían a las siglas herederas de su antaño imbatible formación política en un raquítico 14,7% de intención de voto. Hasta aquí ha llegado la aventura independentista de un partido que nunca lo fue.
La actual crisis del independentismo, en el momento culminante de su intentona secesionista, ha estallado en la coalición de gobierno por las declaraciones de un actor secundario del nadie habría imaginado semejante protagonismo. Jordi Baiget, ya cesado y amortizado, ha dejado en sus públicas dudas sobre la realización del referéndum el 1 de octubre un hallazgo que hará más daño a la causa de Puigdemont y Junqueras que la aplicación de cualquier precepto constitucional. Ha justificado esas dudas por el riesgo que corre su patrimonio personal y familiar, por las serias consecuencias que su potencial desobediencia podría originar en lo amasado durante toda una vida por uno mismo y por sus ascendentes. Las posibles acciones jurídicas contra ese patrimonio le han atormentado más al señor Baiget incluso que la posibilidad de ir a la cárcel.
Se podrá decir que Baiget es un hombre de confianza de Mas, que ha saltado a la arena para dividir a su partido y descolocar al presidente de la Generalitat, o que la fractura que ha puesto al descubierto no la arregla ya ni siquiera la Ley de Transitoriedad que se supone conoceremos algún día. Pero lo realmente dañino para un proyecto es que sus propios protagonistas tengan el miedo en el cuerpo por el destino de sus propiedades si siguen adelante con el empeño, por ilegal que sea. Mejor en España con el patrimonio intacto que en una Cataluña independiente y la desnudez patrimonial como bandera.
En el actual contexto político, con el peso implacable de la propuesta a Puigdemont para que acepte debatir y votar en el Parlamento su plan de ruptura, no se nos debe escapar cual es la otra clave decisiva en torno a Cataluña. Qué hará el PSOE, en caso de que se tense la cuerda hasta la instalación de urnas y apertura de colegios. La posición de dirigentes como Nuria Parlon que han dudado de que la Ley fundamental deba aplicarse en su artículo 155, y la postura como poco equidistante de muchos alcaldes del PSC obligan al líder socialista a ratificar el contenido de su llamada al presidente hace dos semanas.
Si Pedro Sánchez quiere, como así parece, confirmará el jueves a Mariano Rajoy punto por punto lo que le dijo en aquella conversación y esa unidad no tendrá vuelta atrás.
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