En el período de tiempo que pasó entre las elecciones municipales y autonómicas de 2015 y las generales de diciembre de aquél año, un dirigente (entonces) destacado de Podemos aclaró las dudas de este cronista sobre el impacto en su proyecto de las relaciones con Venezuela que muchos de sus compañeros habían tenido en su pasado académico. Como el lector recordará, nombres muy conocidos ya en esos meses de ebullición electoral, habían trabajado para el gobierno de Hugo Chávez, sobre todo a través de la elaboración de informes y la participación y organización de cónclaves a mayor gloria de un régimen que ya por entonces iniciaba su deriva antidemocrática que ahora ha explotado en el querido país suramericano. La aclaración fue tan tajante que dejaba pocas dudas: "Venezuela no hace daño electoral a Podemos, es un error grave de nuestros adversarios". Así se demostró luego en las urnas.
Los fondos recaudados por la fundación en la que algunos miembros de Podemos trabajaban en los años anteriores a su sorprendente y televisivo salto a la vida pública no son vistos por la mayoría de la opinión pública española, aunque lo fueran, como el origen financiero de un partido político que ulteriormente se ha presentado a los diferentes procesos electorales. Así lo piensan ellos. Los ríos de tinta y miles de minutos de radio y televisión que se han empleado en establecer, defender y demostrar esa conexión no han calado en una parte importante de ciudadanos a los que les importa poco de dónde viene un dinero que es difícilmente demostrable que sirviera para crear un partido en España.
Muchos, los más pragmáticos, habrán pensado que viniendo de fuera los fondos con los que se ha construido una plataforma política en España, eso que se ha ahorrado el erario público a este lado del Atlántico. La eterna cuestión sobre la financiación de los partidos, sobre si el único origen deben ser los presupuestos del Estado o las aportaciones de donantes, subyace en esta impresión bastante extendida.
Que Alberto Garzón considere al opositor Leopoldo López un golpista o que Juan Carlos Monedero y muchos más juzguen como delincuentes violentos a los opositores que se manifiestan por la libertad en las calles de ciudades y pueblos venezolanos es algo que preocupa a un número no pequeño de compatriotas, pero no a la mayoría social, y por supuesto en absoluto quiebra la confianza de los votantes de Unidos Podemos en sus representantes.
Es por tanto en el terreno de la moral y de la defensa de la democracia donde es más cuestionable el plausible apoyo tácito de esta formación política al régimen ya claramente dictatorial de Caracas. Cualquiera que esté siguiendo los tremendos acontecimientos que este verano se están registrando en el país venezolano se da cuenta de que las libertades y los derechos de la ciudadanía se han visto atropellados de forma inadmisible, y que el camino hacia un enfrentamiento civil debería ser frenado a través de una presión internacional que los populistas de izquierda españoles están lejos de respaldar.
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