Cuando la política intenta sustituir a la Justicia, normalmente fracasa. Cuando trata de hacer su labor de mejora de la vida de los ciudadanos, aunque no consiga tan noble objetivo, siempre estará en el camino correcto. La investigación de los casos de corrupción cometidos por dirigentes que se han aprovechado de sus cargos para engrosar sus arcas a costa del patrimonio colectivo recae con enorme acierto en policías, fiscales, jueces y tribunales.
Cuesta trabajo imaginar en España una voluntad real de erradicar este problema. Parece más provechoso rentabilizar los casos de fraude que salpiquen al adversario que abordar medidas reales para evitar que siga ocurriendo. Este asunto sería terreno abonado para un gran acuerdo, para un Pacto de Estado que abordara el endurecimiento de medidas penales y dificultara la comisión de actos delictivos a quienes manejan presupuestos públicos. Pero en el actual Parlamento español, ¿quién se atreve a proponer semejante cosa?
Lo estamos observando con la comisión de investigación parlamentaria que se ha propuesto aparentemente llegar hasta el fondo de lo ocurrido en la financiación del Partido Popular, aunque los objetivos reales nos parezcan muy distintos y cercanos al bullicio del prime time. Los comparecientes acuden, pero no siempre contestan lo que los diputados inquieren esgrimiendo sentencias previas de culpabilidad. Las respuestas deben llegar ante los jueces instructores y ante los tribunales que les juzguen. En este sentido ha sido sonora la respuesta negativa del Consejo General del Poder Judicial al Congreso cuando éste requirió documentos sobre casos que se están juzgando.
La estrategia del PP habilitando gracias a su mayoría absoluta en el Senado otra comisión paralela con el fin de investigar también las cuentas de los demás, es un elemento que confirma definitivamente la necesidad de un gran acuerdo no partidista sobre este asunto. Recurrir al tú más no deja de ser un reconocimiento de impotencia en la propia defensa.
Si estas comisiones se emplearan en poner en común propuestas para evitar sospechas en la financiación de los partidos, serían más útiles para la sociedad.
Que sea necesario no implica que sea probable. Nada más lejos de la actual realidad política que un acercamiento sincero entre los partidos para explorar todos juntos medidas anticorrupción. Hasta los socios de investidura se arrojan cada día reproches sobre esta lacra del poder, porque eso es la corrupción: un desgraciado hábito de algunos dirigentes, que aprovechan su paso por las instituciones para robar y desviar dinero de todos los ciudadanos. Una mancha que afecta a todos por igual, aunque sonroja especialmente a los partidos políticos que han ostentado poder en los últimos años, como en los 90 al PSOE, como en estas décadas de poder a Convergencia, como ahora le ocurre al PP.
Entidades
