Los cuatro Acuerdos que en 1979 firmaron España y el Vaticano, dos Estados que se reconocen mutuamente, venían a reformar el tan mencionado y rechazado Concordato, que había sido suscrito durante la dictadura franquista. De facto, este repudiado texto con forma de convenio ha sido superado por disposiciones adoptadas durante la etapa democrática de nuestro país. Con los Acuerdos se actualizaban muchos de sus puntos fundamentales y se recogía en ellos la aconfesionalidad que la Constitución había consagrado un año antes, aunque con mención expresa al mantenimiento de las relaciones de cooperación con la Iglesia católica. Esta parte de la Carta Magna da la sensación de no haber sido leída por muchos actores de la vida política española.
Los Acuerdos entre el estado Español y la Santa Sede tienen rango de Ley, con lo que su reforma, que no derogación, necesita de una mayoría parlamentaria que tal vez no sea tan sencilla con la actual composición del Congreso y el Senado.
El gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero suscribió una ampliación de los Acuerdos en el año 2008, suscrita por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en la que se renovaba el consenso con la Iglesia sobre el sistema de financiación de la institución católica.
La apelación periódica a la derogación de los Acuerdos ignora las consecuencias que supondría esa decisión. Dado que no habría el mismo deseo por la otra parte firmante, condición imprescindible para que su articulado quedara derogado, implicaría una declaración unilateral que rompería la relación que une a ambos Estados, con las consecuencias conocidas en estos casos: ruptura de relaciones diplomáticas y retirada del embajador español y del nuncio apostólico. Una verdadera crisis en la que tal vez no se piensa al apelar a la derogación tantas veces anunciada.
Los Acuerdos tienen además rango de Tratado Internacional. Sólo nueve países no tienen suscritos con el Vaticano convenios de este tipo: China, Corea del Norte, Laos, Birmania, Malasia, Afganistán, Omán, Somalia y Mauritania. España sería el décimo.
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