Han pasado cinco años desde la entrada en vigor del Real Decreto- ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que incluía, entre sus medidas, la obligación empresarial de registrar diariamente la jornada de trabajo, con el objetivo entre otros de asegurar una compensación adecuada de las horas extraordinarias así como el cumplimiento efectivo de los límites legales de la jornada.