Economista del Instituto Bruegel (Bruselas)

La COP28 que se celebra en Dubái se enmarca en un contexto de urgencia climática sin precedentes, ya que se prevé que 2023 sea el año más caluroso jamás registrado. Sin embargo, aumenta el escepticismo en cuanto a los resultados que puede aportar esta COP. Para empezar, es la primera COP que acoge un gran país exportador de petróleo y gas y que preside el director general de una petrolera. Circunstancias que, como era de esperar, han desatado profundos temores sobre el lavado verde y el conflicto de intereses entre la comunidad climática mundial. En segundo lugar, tiene lugar en medio de dos grandes conflictos, cuyo impacto en las alianzas internacionales tendrá probablemente ramificaciones en las negociaciones sobre el clima. Y en tercer lugar, Dubái es la primera COP en la que se debatan los resultados de la Evaluación Global (GST), que examina el progreso de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de todas las partes de la conferencia y se espera que ponga de manifiesto la enorme brecha existente entre los esfuerzos actuales y los ambiciosos objetivos necesarios para limitar el calentamiento global. Por tanto, esta conferencia exige una atención especial para los debates clave que darán forma a la acción climática mundial en el futuro.

La evolución de la guerra entre Israel y Hamás es seguida de cerca por los mercados energéticos, ya que plantea riesgos geopolíticos tanto para el petróleo como para el gas en una situación del mercado mundial ya de por sí tensa.

Bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea ha conseguido que la Unión Europea avance hacia la neutralidad climática. Con el Pacto Verde Europeo, la UE se ha fijado objetivos climáticos claros y ambiciosos para 2030 y 2050, y ha adoptado una serie de medidas legislativas para alcanzarlos. Y aunque la pandemia de la Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania sirvieron para recordar que la crisis climática no era el único gran reto de Europa, la Comisión mantuvo ese rumbo. Se han movilizado cientos de miles de millones de euros de fondos verdes de la UE en el marco de su plan de recuperación postpandémica, Next Generation EU.

Un espectro recorre Europa: el espectro de la política industrial. Los debates sobre los retos económicos y de seguridad que plantea la emergencia de China como potencia económica mundial reflejan el malestar que sintieron los gobiernos europeos en los años setenta y ochenta ante el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y Japón.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Europa ha tomado importantes medidas para garantizar la seguridad del suministro energético y ayudar a las familias y las empresas a hacer frente a la subida de los precios de la energía. Se han rellenado las instalaciones de almacenamiento de gas, ha disminuido la demanda de gas y electricidad y los precios han retrocedido desde sus máximos de agosto. Sin embargo, los precios de la energía siguen siendo extremadamente altos en comparación con el año pasado, y la UE está dividida en cuanto a la mejor manera de reducirlos y evitar nuevas interrupciones en los próximos meses. Francia, Italia, España, Polonia, Portugal, Grecia y otros nueve países de la UE quieren limitar los precios al por mayor de la energía, argumentando que así se aborda el problema en su origen, se evita una carrera de subvenciones y se ayuda a reducir la inflación. El bando contrario, encabezado por Alemania y los Países Bajos, sostiene que esos topes aumentarían la demanda y dificultarían que la UE atrajera importaciones netas de energía.

La COP27 comenzó con una buena noticia: tras 48 horas de intensas conversaciones, los delegados acordaron el domingo incluir en el orden del día de la conferencia un punto sobre “pérdidas y daños”, término técnico utilizado para indicar quién debe pagar los daños causados por los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos en aquellos países pobres que ya están sufriendo un cambio climático al que ciertamente no han contribuido. La reciente y espantosa inundación en Pakistán es sólo el recordatorio más reciente de los daños ya generados por el calentamiento global hasta la fecha.

Europa se encuentra en medio de una tormenta energética perfecta. En los últimos meses, tres sacudidas superpuestas han empujado a la UE a la peor crisis energética que jamás haya vivido.

La UE dio a conocer el 1 de diciembre su plan de apoyo al desarrollo de infraestructuras en todo el mundo: el Global Gateway. El plan pretende movilizar 300.000 millones de euros entre 2021 y 2027 en proyectos de conectividad en todo el mundo, y especialmente en los ámbitos digital, climático y energético, de transporte, sanitario, educativo y de investigación.

A menos de dos meses del inicio de la conferencia sobre el clima COP26 en Glasgow, China es cada vez más el centro de atención de la política climática mundial. El país ha incumplido el plazo del 31 de julio fijado por Naciones Unidas para presentar nuevos compromisos de reducción de emisiones -conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés)- antes de la COP26, despertando dudas sobre su contribución en el marco del Acuerdo de París. Aunque otros países, como India, Arabia Saudí y Sudáfrica, también han incumplido, el retraso de China es especialmente preocupante. Como mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, el país es clave para el éxito de la COP26 y el esfuerzo global por la neutralidad climática.

Desde enero de 2021, los precios del gas natural se han disparado más de un 170% en Europa, lo que ha despertado la preocupación por las posibles consecuencias macroeconómicas. Tanto los factores de la demanda como los de la oferta han contribuido a tensar el mercado europeo del gas.