En vísperas de las elecciones europeas se especuló sobre el futuro del Pacto Verde, y algunos apuntaban a su posible desmantelamiento como consecuencia de un eventual auge dramático de los partidos de extrema derecha. La buena noticia para Europa, y para el mundo, es que este escenario se ha evitado al conservar el centro proeuropeo su mayoría de escaños.
Sin embargo, seguir como hasta ahora tampoco es una opción. Las elecciones han desvelado una importante sensación de malestar en nuestras sociedades -y en el caso de Alemania y Francia, incluso más de lo previsto en gran medida- que debe tomarse en serio y abordarse debidamente, también en lo que respecta a la política climática. Existen dos riesgos al respecto.
El primero es la dilación por parte del nuevo Parlamento Europeo. Con una mayor presión de la derecha, el Partido Popular Europeo (PPE) podría verse tentado a presionar a la nueva mayoría para que aplace ligeramente o suavice parcialmente algunas de las disposiciones políticamente más controvertidas del Pacto Verde. En particular, para las piezas legislativas que conllevan cláusulas de revisión en los próximos años, como en el caso de la prohibición acordada de la venta de coches con motor de combustión interna a partir de 2035. Hay que evitar esta tentación. Reabrir expedientes acordados tras años de negociaciones perjudicaría a la industria europea y correría el riesgo de aplazar las inversiones verdes de familias y empresas al perturbar la confianza en la fiabilidad de la trayectoria verde de Europa, Además, esto encarecería los costes para quienes ya se han embarcado en la transición, depositando su confianza en las señales procedentes del nivel político y de la normativa al invertir su propio capital en tecnologías limpias. Un marco de política climática creíble es clave para sostener las inversiones verdes del sector privado en los próximos años.
El segundo riesgo es la inacción de los gobiernos nacionales. A medida que el Pacto Verde entra en su fase de aplicación tras cinco años de diseño de políticas y procesos legislativos, lo que realmente hará o deshará las ambiciones ecológicas de Europa es que las cosas se hagan a nivel nacional. En los próximos cinco años, la descarbonización tendrá que acelerarse drásticamente si la UE quiere cumplir su objetivo climático para 2030. Esto exigirá una mayor actuación nacional para fomentar la descarbonización de sectores como los edificios y el transporte, en los que la política climática entra en la vida cotidiana de los ciudadanos. Se espera que países como Alemania, Francia e Italia hagan el trabajo más pesado en este sentido, pero ¿qué ocurrirá si estos gobiernos no cumplen lo prometido? La realidad es que la UE dispone hoy de palos y zanahorias limitados para dejar que cualquier gobierno se mueva.
La transformación radical que conlleva el Green Deal planteará cuestiones difíciles sobre quién debe asumir los costes de la acción climática. Si esos costes acaban recayendo desproporcionadamente en los trabajadores de a pie -por no hablar de las comunidades más pobres y vulnerables-, la transformación empeorará la desigualdad y se volverá social y políticamente inviable. Esa no es una opción. Afortunadamente, unas políticas climáticas bien diseñadas pueden evitar ese resultado y conducir a una mayor igualdad social. El Pacto Verde ha tenido en cuenta las consideraciones de justicia climática desde el principio, y con herramientas como el Fondo de Transición Justa y el nuevo Fondo Social para el Clima tiene una base excelente para empezar a construir un nuevo contrato social verde. La UE debería ahora racionalizar y simplificar los instrumentos de financiación existentes para ofrecer un apoyo aún más decisivo a los más vulnerables de nuestras sociedades, pero también a la clase media que necesita apoyo para adoptar alternativas ecológicas, desde vehículos eléctricos hasta calefacción doméstica ecológica.
La UE también debe centrarse en convertir la descarbonización en una verdadera oportunidad económica desarrollando una sólida política industrial verde. Para ello será necesario, en primer lugar, revitalizar la "aburrida" agenda del mercado único de la UE en la línea sugerida por Enrico Letta, con el fin de aprovechar el mayor activo del bloque -un enorme mercado compartido de bienes, servicios financieros, energía, trabajadores e ideas- para incentivar nuevas inversiones en tecnologías limpias. También serán necesarias intervenciones en áreas tecnológicas específicas. En lugar de imitar la amplia Ley IRA de EE.UU., la UE debería aprovechar al máximo sus limitados recursos ofreciendo ayudas específicas en ámbitos en los que ya cuenta con una sólida ventaja comparativa sobre la que apoyarse. Aunque es posible que algunas industrias ya existentes necesiten ayuda para descarbonizarse, el objetivo principal debe ser apoyar las innovaciones revolucionarias. La industrialización ecológica no ha estado en el centro de la primera fase del Pacto Verde, y ahora tendrá que situarse en primera línea.
El Pacto Verde ha recorrido un largo camino desde que se concibió hace cinco años, y estas elecciones marcan un nuevo comienzo para esta agenda en lugar de su descarte. Pero si la UE quiere alcanzar sus objetivos climáticos para 2030 y lograr emisiones netas cero para 2050, debe actuar ahora para asegurarse de que puede capear los inevitables vientos sociales políticos en contra, empezando por una nueva agenda centrada en inversiones verdes, apoyo social verde y política industrial verde. La descarbonización es la única vía para que Europa alcance la resiliencia y la competitividad. La nueva mayoría del Parlamento Europeo tiene la responsabilidad de impulsarla, evitando atajos inútiles.
