Desde la invasión rusa de Ucrania, Europa ha tomado importantes medidas para garantizar la seguridad del suministro energético y ayudar a las familias y las empresas a hacer frente a la subida de los precios de la energía. Se han rellenado las instalaciones de almacenamiento de gas, ha disminuido la demanda de gas y electricidad y los precios han retrocedido desde sus máximos de agosto. Sin embargo, los precios de la energía siguen siendo extremadamente altos en comparación con el año pasado, y la UE está dividida en cuanto a la mejor manera de reducirlos y evitar nuevas interrupciones en los próximos meses. Francia, Italia, España, Polonia, Portugal, Grecia y otros nueve países de la UE quieren limitar los precios al por mayor de la energía, argumentando que así se aborda el problema en su origen, se evita una carrera de subvenciones y se ayuda a reducir la inflación. El bando contrario, encabezado por Alemania y los Países Bajos, sostiene que esos topes aumentarían la demanda y dificultarían que la UE atrajera importaciones netas de energía.
Desde el punto de vista de la política energética, los topes de precios de la energía en la UE no son una buena idea. Aunque probablemente no aumentarían la demanda de energía en relación con años anteriores, reducirían los incentivos para bajar la demanda en toda Europa, una necesidad frustrante para una Unión que acaba de perder cerca del 40% de su gas y el 10% de su electricidad. Además, el tope podría perjudicar la capacidad de Europa para atraer gas en los mercados mundiales, poniendo en riesgo un suministro muy necesario durante 2023. Y los topes de precios de la energía provocan grandes transferencias transfronterizas también dentro de la UE, que tendrían que compensarse de alguna manera.
Dicho esto, los defensores de un límite de precios tienen razón al preocuparse de que las subvenciones nacionales tampoco sean una solución sostenible. Una carrera de subvenciones podría situar a los países de la UE más débiles desde el punto de vista fiscal en una situación de desventaja competitiva frente a los países con un amplio margen fiscal. Entonces, ¿cómo cuadrar el círculo?
En nuestra opinión, la UE debería dejar de lado las ideas de los topes de precios y, en su lugar, abordar la cuestión de la igualdad de condiciones de forma más eficiente y transparente. Esto podría adoptar la forma de un fondo de la UE para proteger a los consumidores de los altos precios del gas, incentivando al mismo tiempo el ahorro de energía y acelerando el despliegue de soluciones limpias. O bien, la UE debería agrupar su demanda de gas en un sistema de compra conjunta para tener más poder de negociación frente a los suministros externos.
Un fondo de la UE para la crisis energética debería apoyar tres objetivos políticos esenciales. En primer lugar, debe promover el ahorro de energía. La crisis energética es fundamentalmente una crisis de suministro, por lo que es imprescindible reducir la demanda. Los usuarios de gas y electricidad deberían disponer de sistemas de compensación para incentivar la reducción de su consumo. En segundo lugar, proporcionar un nivel mínimo de apoyo a toda la industria europea, para garantizar la igualdad de condiciones. En tercer lugar, el fondo debería utilizarse para ayudar a acelerar el despliegue de tecnologías limpias, para desvincular totalmente a Europa de los combustibles fósiles rusos. El despliegue de un fondo común de la UE reduciría la creciente brecha en los costes de capital para las inversiones en tecnologías limpias que surge debido a las diferencias en los tipos de interés de los préstamos en toda la UE.
El fondo europeo para la crisis energética podría financiarse principalmente con los 40.000 millones de euros que ya ha puesto a disposición la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, utilizando los remanentes de los fondos de cohesión de la UE. Las contribuciones de los Estados miembros o el endeudamiento común podrían añadirse a la cantidad.
Una medida complementaria para reducir los precios del gas sería la compra conjunta de gas a través del instrumento de la plataforma energética de la UE. La Comisión Europea propuso que las compras conjuntas cubrieran al menos el 15% de las necesidades de almacenamiento de los países de la UE para 2023, pero esto aún está sujeto a debate por parte de los ministros de energía el 24 de noviembre. Esta iniciativa debe estar lista para las operaciones de recarga de los almacenamientos de 2023, para que Europa esté en mejor posición en un momento en que el mercado mundial de GNL podría estar aún más ajustado que en 2022. Una cierta mutualización del coste de la compra conjunta podría permitir aumentar los beneficios de la compra conjunta para las empresas que decidan participar, sin hacerla estrictamente obligatoria. Esto podría reducir el riesgo de que los países europeos pujen más que los demás para conseguir cargamentos de GNL, y facilitaría la asignación de los escasos volúmenes de gas a través de las fronteras en caso de graves problemas de suministro. Esto reduciría el riesgo de fragmentación del mercado energético de la UE y las consiguientes consecuencias económicas, políticas y de seguridad energética.
El actual desacuerdo sobre los precios máximos está reavivando viejas divisiones en Europa, bloqueando el acuerdo sobre una solución coordinada y socavando la unidad de la UE frente a la agresión rusa. Europa debe superarlo. Crear un fondo de la UE para la crisis energética bien delimitado y poner en marcha la compra conjunta de gas es una solución que podría beneficiar a todos los países.
