Director del Instituto Bruegel (Bruselas)
Opinión

Los científicos nos han advertido repetidamente -y cada vez con mayor intensidad- que el planeta se precipita hacia puntos de inflexión climáticos. A pesar de los numerosos compromisos internacionales, los datos sugieren que limitar el calentamiento global a 1,5° Celsius es cada vez más improbable. Si persisten las tendencias actuales, ese umbral podría superarse en 2028. Al mismo tiempo, la pérdida de biodiversidad se está acelerando a un ritmo sin precedentes, con consecuencias nefastas para las comunidades vulnerables y para la humanidad en general. Un clima estable y unos ecosistemas saludables están inextricablemente unidos, lo que implica el riesgo de catástrofes en cascada.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Europa ha tomado importantes medidas para garantizar la seguridad del suministro energético y ayudar a las familias y las empresas a hacer frente a la subida de los precios de la energía. Se han rellenado las instalaciones de almacenamiento de gas, ha disminuido la demanda de gas y electricidad y los precios han retrocedido desde sus máximos de agosto. Sin embargo, los precios de la energía siguen siendo extremadamente altos en comparación con el año pasado, y la UE está dividida en cuanto a la mejor manera de reducirlos y evitar nuevas interrupciones en los próximos meses. Francia, Italia, España, Polonia, Portugal, Grecia y otros nueve países de la UE quieren limitar los precios al por mayor de la energía, argumentando que así se aborda el problema en su origen, se evita una carrera de subvenciones y se ayuda a reducir la inflación. El bando contrario, encabezado por Alemania y los Países Bajos, sostiene que esos topes aumentarían la demanda y dificultarían que la UE atrajera importaciones netas de energía.

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