La COP27 comenzó con una buena noticia: tras 48 horas de intensas conversaciones, los delegados acordaron el domingo incluir en el orden del día de la conferencia un punto sobre "pérdidas y daños", término técnico utilizado para indicar quién debe pagar los daños causados por los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos en aquellos países pobres que ya están sufriendo un cambio climático al que ciertamente no han contribuido. La reciente y espantosa inundación en Pakistán es sólo el recordatorio más reciente de los daños ya generados por el calentamiento global hasta la fecha.
Aunque "acordar debatir" puede sonar nebuloso fuera de los círculos diplomáticos, el paso dado por los delegados de la COP27 supone en realidad un importante avance para la diplomacia climática internacional, ya que crea por primera vez un espacio institucional en la agenda formal de la COP para debatir una cuestión que ha creado durante mucho tiempo una de las más profundas brechas de la diplomacia climática entre las naciones ricas y las pobres.
El concepto de "pérdidas y daños" entró en las negociaciones internacionales sobre el clima en 1991, cuando la Alianza de Pequeños Estados Insulares pidió un mecanismo que compensara a los países afectados por la subida del nivel del mar. Con el tiempo, cada vez más países vulnerables se dieron cuenta de que se ven afectados por un cambio climático que va más allá de su capacidad de mitigación por sí solo.
La idea de un mecanismo para ayudar a los países vulnerables a hacer frente a las "pérdidas y daños" ha ido ganando un mayor apoyo con el tiempo. El año pasado, la COP26 estuvo muy cerca de crear un "Mecanismo de pérdidas y daños de Glasgow" destinado a canalizar la financiación de las naciones ricas a los países pobres y vulnerables al clima. Sin embargo, la iniciativa fue finalmente rechazada por los países ricos, empezando por la UE y Estados Unidos, ya que temían una responsabilidad ilimitada.
La cuestión de las "pérdidas y daños" representa una piedra angular de la justicia climática internacional y, por esta razón, el tema debe ser prioritario en la agenda climática mundial, junto con la cuestión más amplia de la financiación climática, que también representó una importante fuente de frustración en Glasgow.
En 2009, los países desarrollados acordaron aportar 100.000 millones de dólares al año hasta 2020 a los países en desarrollo para apoyarles en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Dependiendo de cómo se mida el "apoyo" -en particular, cómo se traten los préstamos- el déficit puede ser de entre 20.000 millones de dólares (según estimaciones de la OCDE) y 80.000 millones de dólares al año (según estimaciones de Oxfam, que argumenta, en particular, que además de las subvenciones, sólo debe contabilizarse el beneficio obtenido por los préstamos a tipos inferiores a los del mercado, y no el valor total de los préstamos).
El Pacto Climático de Glasgow se limitó a instar a los países ricos a entregar la misma cantidad prometida hasta 2025 y a duplicar al menos la financiación destinada a la adaptación, desde los 20.000 millones de dólares de 2019. En comparación, las Naciones Unidas estiman que las promesas climáticas presentadas por los países en desarrollo en el marco del Acuerdo de París implicarían por sí solas una necesidad total de financiación de 5,8 a 5,9 billones de dólares hasta 2030.
Las naciones ricas tienen una clara responsabilidad en Sharm el-Sheikh: cumplir su compromiso de 100.000 millones de dólares de financiación climática para apoyar a los países en desarrollo y actuar para proteger a las comunidades vulnerables ya afectadas por el cambio climático con la creación de un mecanismo de "pérdidas y daños".
Como este mecanismo compensaría a los países afectados por catástrofes climáticas -es decir, los costes que los países no pueden evitar o a los que no pueden "adaptarse"-, sus recursos tendrían que sumarse al objetivo de 100.000 millones de dólares para la financiación del clima. Los recursos financieros tendrían que provenir de las naciones desarrolladas, sobre la base de sus contribuciones voluntarias. Por ahora, Dinamarca es el único país que ha ofrecido una compensación por "pérdidas y daños" a los países más vulnerables al clima, comprometiéndose en septiembre de 2022 a dedicar 13 millones de dólares para apoyar a las naciones en desarrollo que hayan sufrido pérdidas causadas por las alteraciones climáticas. Otras naciones desarrolladas podrían ahora seguir este ejemplo y crear juntas el núcleo de lo que puede convertirse en los próximos años en una especie de "Fondo Global de Solidaridad Climática" al que las naciones desarrolladas aportarían sus contribuciones voluntarias y del que los países vulnerables podrían extraer recursos financieros para responder a los desastres climáticos.
Una acción seria en este ámbito es fundamental para dar contenido al principio central del Acuerdo de París de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", y para garantizar la justicia climática mundial, lo que también definirá en última instancia si la COP27 será un éxito o no.
