Vivimos tiempos en los que el sector financiero forma parte de todos los aspectos de la vida de cualquier ciudadano, desde la apertura de una cuenta bancaria para domiciliar una nómina o los recibos, la aprobación de una hipoteca para adquirir una vivienda o el establecimiento de un seguro de vida o del hogar. Cada paso que damos, cada movimiento cotidiano que realizamos, lleva en la mayoría de los casos una responsabilidad financiera aparejada.

Hay muchos indicadores que muestran señales optimistas sobre la situación sólida y resiliente de nuestra economía en esta etapa de recuperación tras el colapso que supuso la pandemia en todos los países del mundo. El avanzado quincenal de la afiliación a la Seguridad Social indica que febrero va a ser un mes de creación de empleo, con más de 67.000 afiliados nuevos. También las previsiones de la Comisión Europea, tras el crecimiento dos años consecutivos al 5,5%, se han elevado cuatro décimas para 2023 y sitúan a España en el liderazgo del crecimiento económico en la eurozona por delante de Alemania, Francia e Italia. Al igual que el Banco de España, que también ha mejorado sus previsiones tres décimas hasta situar el crecimiento económico en 1,6%. Crecimiento económico que se sostiene no solo en la recuperación de sectores clave de nuestra economía como el turismo sino también del consumo y, sobre todo, la demanda externa que permite al tejido productivo tener capacidad de exportación.

Estos días se ha celebrado la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, un espacio para compartir objetivos entre el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos de nuestro país. En esta ocasión para abordar el despliegue de los fondos europeos, analizar las propuestas de las CCAA y conseguir que tengan un mayor impacto en la economía a largo plazo.