La Comisión Europea analizará a finales de agosto los informes sobre el apagón que afectó a 60 millones de personas en España, Portugal y Francia. Según explicaron a este diario fuentes de alto nivel en Bruselas, el pasado 22 de mayo se produjo la primera reunión del llamado Grupo de Coordinación Eléctrico europeo para conocer de primera mano las explicaciones de España y Portugal sobre el corte de suministro del 28 de abril. Previamente se habían mantenido reuniones bilaterales para seguir el asunto con cada uno de los países.
El Grupo de Coordinación Eléctrica, dependiente de la Comisión Europea, espera recibir a finales de julio el informe obligatorio de las tres partes afectadas por el apagón. Los tres gobiernos deben presentar los detalles del análisis que están preparando en colaboración con los operadores del sistema.
A partir de ese momento, la Comisión tiene previsto celebrar una primera reunión en julio en la que se darán a conocer los detalles de la investigación llevada a cabo tanto por el Gobierno español como por el portugués.
Dichos informes serán enviados posteriormente a todos los países de la Unión Europea para que pueda analizarse con detalles las causas y las consecuencias del apagón.
Posteriormente, a finales de agosto, el Grupo de Coordinación Eléctrica volverá a ser convocado, una vez que haya transcurrido un tiempo prudencial para el análisis con el objetivo de llevar a cabo la llamada evaluación ex post.
En el marco del Reglamento (UE) 2019/941 sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad, la Unión Europea cuenta con una obligación específica para los Estados miembros que se enfrenten a una crisis eléctrica: la realización de una evaluación ex post. Este proceso busca determinar cómo se gestionó la emergencia e identificar errores, aciertos y posibles mejoras que fortalezcan el sistema eléctrico en el futuro.La evaluación ex post se activa una vez superada la situación de crisis y debe ser ejecutada por la autoridad competente designada por cada Estado miembro. Su propósito es múltiple: ofrecer un análisis riguroso de los hechos, garantizar la transparencia ante la ciudadanía y las instituciones europeas, y fomentar una cultura de aprendizaje continuo en la gestión de infraestructuras críticas.
Este ejercicio de revisión se estructura en torno a una serie de elementos esenciales.
En primer lugar, debe incluir un análisis detallado de las causas que provocaron la crisis. Esto implica examinar si el origen estuvo en un fallo técnico, en una catástrofe natural, en una situación de escasez de combustible, en un ciberataque o en una combinación de estos factores para comprender con precisión qué originó la emergencia y prevenir su repetición.
En segundo término, la autoridad evaluadora debe valorar la eficacia y proporcionalidad de las medidas adoptadas. Esto incluye tanto las actuaciones contempladas en el Plan nacional de preparación frente a los riesgos como aquellas aplicadas de forma excepcional durante la crisis.
La normativa establece que las medidas no basadas en el mercado -como la desconexión forzada de la demanda- solo pueden aplicarse en última instancia, cuando las opciones del mercado se hayan agotado, y deben ser siempre temporales, proporcionadas y no discriminatorias.
Asimismo, la evaluación ex post debe considerar el coste económico. Esto abarca tanto el impacto sobre consumidores, empresas y operadores, como los costes indirectos derivados de las interrupciones en el suministro, pérdidas productivas o compensaciones a las partes afectadas. Esta dimensión económica es especialmente relevante para orientar futuras decisiones regulatorias y presupuestarias.
Otro aspecto clave será el examen de los efectos transfronterizos. Dado que los sistemas eléctricos europeos están altamente interconectados, una crisis en un país puede tener consecuencias en sus vecinos. Por ello, la evaluación debe incluir una revisión del grado de coordinación, la eficacia de las medidas regionales o bilaterales acordadas, y el nivel de asistencia.
Aunque determinados elementos del informe puedan requerir confidencialidad, los Estados están obligados a publicar los resultados de la evaluación de forma que permitan a las instituciones europeas, al sector y a la ciudadanía conocer cómo se actuó y qué lecciones se han extraído.
Finalmente, la evaluación ex post debe incluir recomendaciones concretas para actualizar los planes de preparación, mejorar los protocolos de actuación, perfeccionar la cooperación internacional o reforzar aspectos técnicos del sistema eléctrico. Esta evaluación constituirá un paso clave para el aprendizaje sobre los procesos llevados a cabo y obligará a los Gobierno a actualizar sus Planes de preparación.
Entso-E puede adelantar su informe
El grupo de operadores europeo Entso-E está trabajando con la intención de presentar su informe sobre el apagón este próximo mes de julio, lo que supondría casi tres meses antes de lo previsto por la normativa. Según indicaron fuentes de Bruselas, el organismo podría hacer coincidir su análisis con los que preparan los distintos Gobiernos. Entso-E cuenta con el respaldo de la normativa europea para llevar a cabo este análisis, aunque las eléctricas españolas protestan por la falta de acceso a la información.