La emergencia climática es ya una realidad contrastada y hacerle frente con recursos públicos, con medidas que neutralicen y minimicen su impacto y reduzcan sus efectos sobre la ciudadanía es y debe ser una tarea colectiva del conjunto de las administraciones e instituciones públicas. No puede seguir habiendo espacio para el negacionismo.
La Encuesta de Población Activa (EPA), sobre el tercer trimestre publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la muestra de que nuestro país está siendo capaz de enlazar como vasos comunicantes el crecimiento económico, las grandes transformaciones digital y ecológica, y la creación de empleo, con una política económica ambiciosa, rigurosa y pegada a la realidad y a las necesidades productivas y laborales de nuestro país.
Si algo ha cambiado en los últimos años con el Gobierno actual, es la posición predominante de nuestro país sobre el tablero europeo en la toma de decisiones, como la respuesta de política economía en forma de fondos europeos tras la pandemia, o la excepción ibérica y el tope al gas, pero también en el liderazgo de las propuestas para avanzar en una mayor integración europea para completar el mercado único, la unión bancaria, reforzar la autonomía digital y energética o impulsar la competitividad.
Llevamos años escuchando profecías que no se cumplen. Cada año, ante los datos de creación de empleo o de crecimiento del PIB, también ante las medidas desplegadas para reducir la inflación, en nuestro país hay voces que siempre buscan reducir el optimismo augurando la temporalidad de estos buenos datos, y que el escenario del siguiente año será peor y la recesión acecha a la economía española.
Una de las mayores fortalezas de un Estado del Bienestar es la capacidad de garantizar unos servicios públicos de calidad, de forma universal y gratuita, como la educación, la sanidad o las políticas de dependencia, pero también la capacidad de protección social y de garantizar la igualdad de oportunidades que viene de la mano de medidas como las prestaciones por desempleo o las prestaciones por jubilación.
Una de las mejores noticias para encarar el nuevo curso político que comienza es comprobar cómo la política económica, desplegada por el Gobierno de España está siendo útil en el objetivo de reducir y mitigar los efectos sobre nuestra economía, primero con la guerra en Ucrania y posteriormente con el conflicto en Oriente Próximo.
Como en todos los países, en la historia reciente de España, todos los periodos están marcados por la economía salvo ahora en el que algunos no quieren hablar de la situación de estabilidad económica, la creación récord del empleo, el fuerte crecimiento del PIB, el dinamismo comercial o la competitividad de las empresas que se refleja, por ejemplo, en datos extraordinarios en materia de exportaciones, el consumo de los hogares o el incremento de la inversión extranjera en nuestro país.
Hay noticias que no abren nunca un informativo ni son portada de un periódico, pero cuya repercusión y trascendencia, cuya capacidad de influir para cambiar las cosas es mucho mayor de la que imaginamos. Hacer posible que la prosperidad vaya más allá del beneficio económico, lograr que el impacto social positivo sea igual de importante que el éxito financiero es, sin duda, una de ellas.
Una de las conclusiones del Informe Económico y Financiero de Esade para el segundo semestre de 2024 señala que la economía española es una de las más dinámicas de la zona euro, que mantiene el liderazgo en el crecimiento del PIB en la región, y que ese crecimiento se consolida sobre la base del aumento de las exportaciones y del consumo, tanto público como privado.
La economía española está experimentando en los últimos años cambios estructurales en el ámbito no solo del mercado de trabajo sino también de un crecimiento más sostenible y robusto. Ambos factores están actuando como vasos comunicantes de una transformación del paradigma económico y productivo de nuestro país que nos permite encarar el futuro de forma más segura y sobre bases más sólidas.