La emergencia climática es ya una realidad contrastada y hacerle frente con recursos públicos, con medidas que neutralicen y minimicen su impacto y reduzcan sus efectos sobre la ciudadanía es y debe ser una tarea colectiva del conjunto de las administraciones e instituciones públicas. No puede seguir habiendo espacio para el negacionismo.
Las catástrofes naturales, como la DANA que ha asolado principalmente la provincia de Valencia, afectando también a algunas otras provincias como Albacete o Málaga, ha evidenciado que estamos ante uno de los desafíos más importantes a los que debemos hacer frente.
Estos días, se suceden las muestras de solidaridad con las personas afectadas, con quienes lo han perdido todo y, sobre todo, con las familias de las más de 200 víctimas mortales de esta catástrofe.
Si algo es urgente en estos momentos es ayudar a todas esas familias, acompañarlos en su dolor e indignación y, también, atender lo importante, que es poder recuperar cuanto antes la normalidad en los municipios afectados y comenzar las tareas de reconstrucción, a las que el Gobierno de España va a destinar todos los recursos que sean necesarios durante todo el tiempo que sea necesario.
Así, se ha movilizado el mayor volumen de militares y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en tiempos de paz para llevar a cabo esas tareas de recuperación de la normalidad y de reconstrucción de las zonas afectadas; se han desplegado todos los recursos y a todos los servidores públicos de la Red de Carreteras del Estado y de ADIF y RENFE para que las infraestructuras puedan volver a estar operativas cuanto antes; y, sobre todo, se van a desplegar todos los recursos económicos y sociales para ayudar a las víctimas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos reales decretos ley con más de 200 medidas por valor de 14.373 millones para desplegar un escudo social sin precedentes, con el objetivo de ayudar a unos 400.000 de trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad, y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas.
Dicho plan contiene medidas concretas y ayudas directas que no deberán ser devueltas. Transferencias entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas, hasta 10.300 euros para cambiar o reparar enseres y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos. Y se van a prohibir los cortes de energía eléctrica y gas a los hogares afectados, así como permitir la suspensión temporal de los contratos de suministro.
También se han aprobado ayudas directas para pymes y autónomos. Entre ellas, una prestación por cese de actividad para autónomos que corresponderá al 70% de su base de cotización y una nueva prestación extraordinaria por cese parcial, que les permitirá compatibilizar su actividad durante 3 meses con la recepción de esta ayuda, y que será equivalente al 50% de su base de cotización.
De la misma forma, se han vuelto a poner en marcha los ERTE por fuerza mayor con el 100% de bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social. Y el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, va a llevar a cabo indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo, con un valor de un 20 % superior al valor de tasación del mismo.
Entre las principales medidas para proteger al tejido productivo también se ha puesto en marcha una línea de ayudas directas de 200 millones para explotaciones agrarias que hayan sufrido daños que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan unas pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%.
Y se ha activado un primer tramo de 1.000 millones de los créditos ICO, que cubrirán el 80% del préstamo total, para que hogares, empresas y autónomos puedan acceder lo antes posible al importe de las ayudas, subvenciones e indemnizaciones y también acometer las inversiones que necesiten.
Por otra parte, el Gobierno de España va a llevar a cabo el anticipo inmediato del 50% de las ayudas a todos los hogares que las soliciten, para que no tengan que esperar la tramitación de su expediente. Y se van a extender todas las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas pero que las tenían arrendadas. Así como la extensión del Código Hipotecario de Buenas Prácticas para que se puedan congelar las hipotecas durante dos años.
Ante una catástrofe de esta magnitud no cabe discusión política. Lo urgente y lo importante es proteger a la ciudadanía y a las empresas, ayudar a la recuperación económica y social de quienes viven en los municipios afectados y desplegar todos los recursos públicos humanos y económicos para llevar a buen término esa ingente tarea. Nada es más importante ahora mismo que devolver a todas esas personas su vida, sus proyectos, sus hogares, sus negocios y su normalidad y en ello está volcado desde el primer momento el Gobierno de España. El Estado somos todos y ahora, con la unidad de todos, vamos a llevar a cabo la reconstrucción de Valencia y de todas las zonas afectadas.
