Los agentes sociales han superado el ecuador del año sin despejar la incógnita sobre qué jornada laboral tendrán que aplicar al inicio de 2026, lo que ha comenzado a tener efectos en la negociación colectiva, según reconocen fuentes tanto de los sindicatos como de la patronal. El diálogo social mira al calendario, consciente de que en cuestión de meses tendrá que abrir la mesa para reeditar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sirve como guía para todos los convenios del país, ya que el actual solo abarca hasta 2025. Los sindicatos ya han expresado que trasladaran a CEOE la petición de reunirse tras el verano, en cambio, en el lado empresarial enfrían la posibilidad de cerrar un acuerdo en este contexto, después de que UGT y CCOO se saltaran el último pacto al apoyar el recorte de jornada.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha adelantado este lunes desde el Congreso de los Diputados las previsiones del informe trimestral del organismo sobre la economía española. El documento dibuja un escenario más pesimista, afectado por las políticas arancelarias de EEUU que llevan a recortar en tres décimas la previsión de crecimiento del PIB en 2025, al 2,4% y en una décima para 2026, al 1,8%, como consecuencia de la menor aportación del sector exterior.

El Ministerio de Trabajo envío hace un mes al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Tras varios enfrentamientos en el seno del Gobierno, la cartera de Yolanda Díaz se mostraba confiada en conseguir los apoyos de Junts, sin embargo, la semana pasada lanzó el mensaje de que si no conseguía aprobar la norma, sacaría adelante los cambios en el registro horario a través de un desarrollo reglamentario, lo que alimentó las dudas ya existentes de la patronal y los sindicatos. No obstante, el recurso a esta fórmula dejaría en el tintero cambios de calado sobre esta materia, como el endurecimiento de las sanciones.

El entonces denominado Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creó en 2008 el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), un órgano que nacía con la intención de fomentar este tipo de iniciativas en España y sobre todo, en las pymes. Sin embargo, cayó en desuso, dado que sus vocales se reunieron por última vez en 2015. Diez años más tarde, Yolanda Díaz ha decidido rescatarlo con una modificación de los criterios para elegir a los representantes sindicales y empresariales por la que CEOE y Cepyme tendrían que repartirse los asientos con otras patronales como Pimec.

El Gobierno quiere dejar de lado la polémica que ha rodeado a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes y en la que se abordarán un total de 14 puntos para evitar que los líderes del PP cumplieran con su amenaza de no acudir a la cita que se producirá solo dos días antes de la protesta convocada por Génova contra el Ejecutivo. Ante este abultado orden del día, el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a poner el foco en la vivienda -como buscaba hacer inicialmente el Gobierno- enviando una carta a todos los representantes en la que les ofrecía un acuerdo para triplicar los fondos públicos destinados a vivienda si los territorios asumían un 40%. Sin poder anticipar cuál va a ser la respuesta de las regiones, gobernadas en su mayoría por el partido de Alberto Núñez Feijóo, las fuentes del Gobierno se muestran optimistas y convencidas de que conseguirán el respaldo de los ejecutivos autonómicos para destinar más de 7.000 millones de euros a vivienda hasta 2030.