La patronal advierte desde hace más de un año de los efectos negativos que tendría la reducción de la jornada laboral máxima por ley a 37,5 horas, sin embargo, algunos de ellos han quedado en segundo plano y no suenan entre las medidas compensatorias que podría introducir el Congreso antes de aprobarla. Este es el caso del impacto que tendría en las empresas con contratos en vigor con las administraciones públicas, para las que se traduciría en un incremento de los costes laborales en 1.300 millones de euros que no podrán repercutir al sector público.
El problema está concentrado en las pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a los ayuntamientos, intensivos en mano de obra y sobre las que las modificaciones de la normativa laboral tienen un gran impacto, como ha sucedido con los reiterados incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Se trata de empresas de mantenimiento, limpieza, atención a la dependencia, atención telefónica o que dan servicio en comedores comunitarios a las que el Proyecto de Ley aprobado por el Ministerio de Trabajo no hace referencia, pese a que estas denuncian que el cambio les resulta "inasumible".
El Consejo Económico y Social (CES) llamó la atención sobre este aspecto en el dictamen que publicó en el mes de febrero sobre el borrador de la norma, no obstante, el Gobierno no lo enmendó antes de enviarlo a la Cámara Baja. "Debería contemplarse la situación de aquellas empresas con contratos públicos en vigor" advertía el órgano en el que se encuentran representados tanto la patronal como los sindicatos al hacer referencia a la necesidad de adaptar el cambio a la situación de cada sector económico.
Esta advertencia no supuso una sorpresa para el departamento de Yolanda Díaz, puesto que fue uno de los temas planteados en la mesa de negociación tripartita que cerró en el mes de diciembre. De hecho, el Ministerio de Trabajo volvió a mostrar su disposición para impulsar los cambios oportunos en la normativa que permitieran una revisión de precios ante incrementos de los costes laborales dictados por ley. Si bien, la ruptura de las conversaciones con la patronal llevó a que no hubiera ninguna referencia en el modelo definitivo, ni tampoco un comentario expreso en la memoria normativa.
Este martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno sostenía en la Asamblea General de CEAJE –la patronal de los jóvenes empresarios– que había que "indexar la implantación de la reducción de jornada", lo que genera ciertas esperanzas en el sector que confía en la sensibilidad mostrada por grupos como el PNV en ocasiones anteriores. Sin embargo, tienen presente la resistencia expresada de forma reiterada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero respecto a la posibilidad de introducir cambios en este sentido.
A la espera de ver si llega a aprobarse la reducción de la jornada y cómo se concretan las enmiendas que puedan introducir los grupos más próximos a las demandas empresariales, el secretario general de AlianZAS, la plataforma en la que se integran más de 10 sectores que presentan servicios de forma indirecta a la Administración, reconoce su preocupación por el alza de los costes laborales en más de un 4%, entre 1.270 y 1.350 millones de euros, según sus estimaciones.
Javier Sigüenza demanda que la norma no se aplique en los contratos en vigor o se abra una excepción para poder compensarlos y alerta de las dificultades que conllevará en términos operativos. Los contratos les obligan a prestar el servicio por una serie de horas, por lo que avanzan que se generalizarán los contratos a tiempo parcial por no poder contratar a empleados para que trabajen menos de cinco horas.
Iniciativa de Sumar pendiente
Generalmente estos contratos duran varios años, incluso cinco, por lo que en algunos casos el impacto de esta medida se sumaría a los incrementos de salarios dictados por el SMI o los convenios colectivos y el de las cotizaciones por la reforma de pensiones. Además, habría que sumar los problemas asociados al cambio de registro horario o la desconexión digital –que se espera que tenga un menor efecto–. La solución a esta coyuntura ya se encuentra en el Congreso de los Diputados, pero espera que sea tomada en consideración desde el mes de marzo.
Como adelantó elEconomista.es, el grupo parlamentario de Sumar presentó a mediados de febrero una Proposición de Ley para modificar la Ley de Contratos del Sector Público y permitir que las compañías pudieran trasladar las alzas de los costes laborales que no pudieran prever en el momento de iniciar el contrato público.
Días después, la ministra de Hacienda cerraba la puerta a esta posibilidad. "No compartimos que se produzca una indexación de estos contratos públicos, porque entendemos que se puede impulsar una espiral inflacionista y generar efectos de segunda vuelta". Pese a que estas declaraciones se produjeron dentro del plazo concedido a su departamento para vetar la iniciativa, finalmente no dio este paso, por lo que la proposición puede seguir el proceso de tramitación habitual. Si bien, no está entre las prioridades del Gobierno a corto plazo.
Las fuentes parlamentarias consultadas admiten que no tienen una previsión concreta sobre cuándo podría abordarse en el Pleno esta iniciativa, que podría contar con el respaldo de parte de los grupos de la derecha que se han mostrado sensibles con esta demanda. Esta incertidumbre lleva al sector a demandar una alusión específica en la norma para recortar el tiempo máximo de trabajo, ante la posibilidad de que como tantas otras iniciativas, la proposición de Sumar quede en el limbo.
No obstante, por el momento los grupos políticos solo mencionan la necesidad de adaptar la ley a las pymes, dar más tiempo para adaptarse a la nueva jornada o la posibilidad de conceder ayudas directas para intentar sumar una mayoría.
