Las empresas contratadas por el sector público tienen que adaptar los salarios de sus trabajadores a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el que este ha llegado a 1.184 euros al mes, sin embargo, no van a recibir más ingresos por parte de las administraciones para poder compensar este incremento de costes El Ministerio de Hacienda cierra la puerta a la posibilidad de revisar los contratos públicos a poco más de una semana de que expire el plazo para presentar un veto a la propuesta presentada por Sumar hace un mes y adelantada por elEconomista.es.
"Las empresas acuden a estos concursos sabiendo de antemano que se van a desarrollar durante un tiempo y que puede haber una fluctuación en relación con el coste que pueden tener esos servicios. Nosotros no compartimos que se produzca una indexación de estos contratos públicos, porque entendemos que se puede impulsar una espiral inflacionista y generar efectos de segunda vuelta" ha respondido María Jesús Montero este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Se trata de una cuestión de calado que ha sido denunciada por la patronal y los sindicatos en los últimos años debido a la presión que han ejercido las diferentes subidas del SMI sobre los contratos que las empresas firman con ayuntamientos, comunidades autónomas o el Estado para prestar servicios públicos. El motivo es que actualmente está en vigor la Ley de Desindexación que se introdujo en 2015 en el marco de la crisis financiera y que impide que se revisen los precios de estos acuerdos ante incrementos de coste. El departamento de Hacienda ha introducido algunas excepciones dirigidas al incremento de costes de los materiales a raíz de la guerra de Ucrania, pero estas no han alcanzado a las alzas de los gastos de carácter laboral.
Las patronales de los sectores que prestan estos servicios de limpieza, mantenimiento o cuidado a domicilio (entre otros) se unieron en la plataforma AlianzAS con el objetivo de trasladar la demanda al Gobierno. Hace unos meses, unieron fuerzas con CCOO y UGT y mantuvieron encuentros tanto con el Ministerio de Trabajo como con el de Hacienda. La reunión con la vicepresidenta segunda y líder de facto de Sumar, Yolanda Díaz, se tradujo en una proposición de ley en la que se diseñaba la reforma de la ley de Contratos del Sector Público para dar cabida a esta revisión. Los contactos desarrollados en paralelo con Hacienda dieron menos frutos, sin embargo, los interlocutores reconocían cierto optimismo tras la cita del pasado jueves de carácter técnico. Unos días después lo han perdido.
"Nos ha sorprendido muy negativamente, parece que no es consciente del problema. No acabamos de entender esta respuesta tan tajante en la que no ha entrado a hablar de los trabajadores ni de los servicios públicos. Es un sinsentido, parte de un desconocimiento de los efectos inflacionistas de segunda vuelta que se producen con las alzas salariales, no con las revisiones de precios" reconoce a este periódico el secretario general de AlianzAS, Javier Sigüenza. "No entendemos este desprecio a los servicios públicos, es obviar la realidad, la situación de los trabajadores y la calidad de la prestación" lamenta en conversación con elEconomista.es.
"La mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y la sociedad debería ser asumida por todos los sectores, aquellos que trabajan en el sector privado acompañando en parte con estas medidas y también las administraciones públicas haciendo lo propio. No tengo duda de que todos los contratos de ayuntamientos se adaptan a estas situaciones, pretenden que haya una buena calidad en las condiciones de los trabajadores y respetan todas las condiciones para que la prestación de los servicios públicos sea óptima" respondía la ministra de Hacienda a la diputada del PNV Idoia Sagastizabal que ha denunciado que sí se asuma el coste de la oferta de Muface.
Esta negativa supone un nuevo varapalo para estos actores, que denuncian que los contratos cubren hasta cinco años de servicio y que en el caso de que al llegar a término la licitación quede desierta, están obligados a seguir prestándolo a pesar de que se haya estrechado su margen o que el servicio haya dejado de resultarles rentables. Desde el 2018 el SMI ha crecido un 61%, un impulso que afecta especialmente a estos sectores por ser muy intensivos en mano de obra. Por ello ha sido una de las condiciones planteadas por CEOE y Cepyme en las últimas negociaciones con Trabajo para elevar este umbral mínimo, aunque hasta el momento no ha sido atendida.
Los sindicatos, por su parte, también se muestran partidarios de permitir esta revisión ya que creen que las administraciones están contribuyendo a precarizar a estos trabajadores, entre los que hay un gran porcentaje de mujeres. Fuentes de CCOO y UGT trasladan que en algunos casos se han visto obligados a negociar dos tablas salariales, una dirigida a las licitaciones y otra para el resto de los trabajadores, lo que consideran que es una situación insostenible. Los sindicatos defienden que en muchos de estos casos, las compañías han optado por recortar el número de horas sin reducir la carga de trabajo, una salida que les preocupa ante la posible reducción del tiempo de trabajo a 37,5 horas a la semana que el Gobierno quiere llevar al hemiciclo en las próximas semanas.