El entonces denominado Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creó en 2008 el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), un órgano que nacía con la intención de fomentar este tipo de iniciativas en España y sobre todo, en las pymes. Sin embargo, cayó en desuso, dado que sus vocales se reunieron por última vez en 2015. Diez años más tarde, Yolanda Díaz ha decidido rescatarlo con una modificación de los criterios para elegir a los representantes sindicales y empresariales por la que CEOE y Cepyme tendrían que repartirse los asientos con otras patronales como Pimec.
El departamento de Trabajo y Economía Social ha sometido a audiencia pública un primer borrador de la orden ministerial que dictaría estos cambios. Esto significa que el texto está en una fase preliminar y que pueden incorporarse cambios en función de las opiniones que trasladen los agentes interesados, como son las voces del diálogo social. Si bien, el borrador fija que podrán formar parte del CERSE las "organizaciones más representativas a nivel estatal o de comunidad autónoma" o las representen a un 7% de las empresas a nivel estatal y empleen a esta proporción de los trabajadores de todo el país.
Esta primera definición ha dado pie a varios conflictos en los últimos años, puesto que el Estatuto de los Trabajadores fija que en el caso de las organizaciones autonómicas solo lo son si cuentan con un 15% de las empresas y los trabajadores y no están integradas en confederaciones de ámbito estatal. Este apunte ha llevado a CEOE-Cepyme a recurrir los intentos de introducir a Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o al Consejo Económico y Social, al entender que son contrarios a la ley, ya que la patronal de Antoni Cañete forma parte de Conpymes.
A la espera de que la Audiencia Nacional resuelva el recurso presentado por la patronal de Antonio Garamendi, Trabajo ya ha reconocido a Pimec como "más representativa", según informó la organización, lo que ha permitido que avance su inclusión en los órganos ya mencionados, así como en el Consejo Económico y Social Europeo (CESE). Si bien, esta no sería la única organización que podría cumplir estos criterios. Las fuentes empresariales consultadas hacen referencia a Pimeb, la organización de Baleares que también forma parte de la patronal que preside José María Torres. La propia Conpymes también podría tener opciones, en función de cómo se lleve a cabo el recuento de su representatividad.
El borrador de la orden detalla que se hará a través de una declaración responsable que tendrán que presentar cada una de las organizaciones empresariales que estén interesadas en formar parte del CERSE, en la que deberán detallar cuántas empresas afiliadas representa y el número de trabajadores a los que da ocupación cada una de las compañías asociadas. Los sindicatos, en cambio, que tienen que alcanzar la misma condición de más representativos o reunir un 7% de delegados, de miembros de comité de empresa o de las administraciones públicas, entregarán un certificado de la autoridad laboral que avale que tienen estos números.
No obstante, CCOO y UGT ya compartían los 14 asientos asignados a las organizaciones sindicales con ELA y CIG, ya que el Tribunal Supremo determinó en 2010 que no se podía limitar la participación a los "más representativos" en tanto que no era una instancia de participación institucional y sus objetivos iban más allá. Este problema se enmendó en 2015 con una orden en la que se instaba a tener un 3% de los representantes sindicales en las elecciones como único requisito (además de querer participar).
Respecto a las organizaciones empresariales no se ha producido ningún proceso parecido, si bien el departamento ha optado por abrir el abanico a la participación de otras patronales. Y en esta ocasión, el Gobierno ha escogido usar el 7% de representación tanto para organizaciones empresariales como para sindicatos, al entender que "un porcentaje inferior podría generar un efecto distorsionador" por dar menor protagonismo a las que cuentan con más representatividad o darse el caso de que hubiera más de 14 organizaciones que reunieran los criterios establecidos.
Díaz ha dado hasta el 24 de junio para que todos los interesados presenten sus aportaciones al texto. Una vez concluido ese plazo y revisado este borrador, sería aprobada por Trabajo y después, publicada en el BOE con lo que podría iniciarse el proceso para definir qué organizaciones tienen derecho a formar parte de este foro y nombrar a los nuevos integrantes por un periodo de cuatro años. Este proceso recae en la Dirección General de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, que daría un plazo de 15 días para que las organizaciones presenten su solicitud de formar parte del CERSE.
Después, el departamento dependiente del Ministerio de Trabajo determinará el número de vocalías que le corresponde a cada organización, de forma que todas las que cumplan los requisitos tengan al menos una. En el caso de los sindicatos, el resto de sillas se distribuirán en función del número de representantes sindicales obtenidos en las elecciones y en el de las organizaciones empresariales, en función del número de trabajadores a los que dan ocupación. Además, se reserva la opción de cambiar el reparto si en esos cuatro años otra organización cumple los requisitos.