Santos Cerdán ha anunciado este jueves que dimite del cargo de secretario de Organización del PSOE y entregará su acta de diputado en las próximas horas tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que le relaciona con el cobro de presuntas comisiones.
Cerdán abandona todos sus cargos, según aseguró en un comunicado, para defenderse ante las pesquisas de la UCO que lo asocian en la investigación del 'caso Delorme', conocido como 'caso Koldo', en el que figuran entre los investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. El hasta ahora secretario de Organización del PSOE confirmó este mediodía a la salida del Pleno en el Congreso que acudirá a declarar de manera voluntaria ante el Tribunal Supremo el próximo día 25 de junio, en respuesta a la petición del juez que instruye la causa, Leopoldo Puente.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera en su último informe sobre el 'caso Koldo' que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "gestionó" un volumen total de "contraprestaciones económicas" que alcanzaron 620.000 euros pagados supuestamente por la compañía Acciona a su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, y a su asesor Koldo García. De las conversaciones interceptadas por los investigadores de la Guardia Civil se deduce que el monto total de las supuestas comisiones podría alcanzar los 620.000 euros, aunque "a criterio de Koldo, aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono", según la interpretación que hacen los investigadores.
Fuentes jurídicas no descartan que las partes soliciten en los próximos días que el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, sea llamado a declarar ante el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades vinculadas a esta compañía, según informa Servimedia. Según la UCO, para realizar estas adjudicaciones "que habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación, Koldo se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera", imputada en el 'caso Koldo', "y del director general de Carreteras, Javier Herrero, cada uno dentro de su ámbito de actuación".
Las obras que analiza la UCO son un total de cinco diferentes. Dos de ellas, por un monto total de 550.000 euros, tienen que ver con el soterramiento de red arterial ferroviaria en la ciudad de Murcia. Además, los investigadores citan un contrato de 70.000 euros vinculados al bajo de un inmueble que no está asociado a ningún expediente concreto.
La Guardia Civil cita también otros 450.000 euros, que según dice Koldo en conversaciones grabadas y contenidas en el informe, estarían pendientes de cobro por tres adjudicaciones de obra a Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat. En total, las presuntas mordidas alcanzarían 1.070.000 euros.
El informe cita también al empresario Víctor de Aldama, señalando que no era la única fuente de ingresos de la trama, que habría actuado presuntamente a favor de ciertas constructoras para adjudicarles contratos de obra pública. En concreto, la Guardia Civil cita entre las empresas beneficiarias a Acciona, LIC y OPR, que "habrían generado una contraprestación para ambos de índole económica". Así, el informe cita que Koldo García recibió "pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023", de LIC "pagos de 1.300 euros mensuales netos entre el 2 de septiembre de 2022 y al menos el 2 de junio de 2023", de OPR mediante la contratación de su mujer Patricia Uriz.