Redactora de Economía. He pasado por las redacciones de elDiario.es, Europa Press y La Información. Periodista y politóloga.
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El 15 de junio de 2023 la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, posaron juntos para presentar el acuerdo sobre el Estatuto del Becario. Sin embargo, cuando faltan dos meses para que se cumplan dos años de esta firma, el Gobierno no ha llevado el pacto al Consejo de Ministros, lo que lleva a algunas voces sindicales a dudar de que finalmente vaya a materializarse la norma que contó con el rechazo de la parte socialista, a pesar de que se haya incluido en la hoja de ruta para este 2025.

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La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es el gran objetivo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para esta legislatura y la pieza que tensó el acuerdo de coalición con el PSOE, según ha explicado en más de una ocasión la vicepresidenta. Sin embargo, cada vez son más los que ponen en duda –dentro y fuera del diálogo social– que se vayan a cumplir los plazos anunciados y las fuentes consultadas ya plantean que va a haber que extender el margen para adaptar los convenios a 2026.

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El Consejo de Ministros ha aprobado la primera parte de las líneas de avales del ICO anunciadas hace dos semanas por Pedro Sánchez como parte del paquete de respuesta a los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump. El Gobierno ha activado los primeros 1.000 millones del total de 5.000 millones con los que espera dotar esta vía de financiación con el objetivo de dar aire a las compañías que están más expuestas a la política impuesta por la Administración de EEUU. Mientras, en paralelo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, trata de reconducir las relaciones con este país con un viaje emprendido este lunes, tras interpretar la tregua de 90 días para los "aranceles recíprocos" como una "puerta abierta".

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El ministro de Economía, Comercio y Empresa se reunirá este martes con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tras sus críticas al viaje emprendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China y Vietnam en plena guerra comercial que fue interpretada por la Administración estadounidense como un "acercamiento" a Pekín. Fuentes gubernamentales explican que el viaje iniciado este lunes se ha preparado en coordinación con la Comisión Europea, ya que el comisario de Comercio se ha desplazado también hasta Washington para encontrarse con el secretario de Comercio, Howard Lutnick."Hemos visto como hemos entrado en una nueva etapa en este conflicto comercial desde la semana pasada, tenemos mucho que proteger y esto es por lo que hemos estado empujando por una solución negociada con EEUU" explicaba Carlos Cuerpo esta mañana en una cita con corresponsales internacionales, tras interpretar la moratoria parcial de 90 días como una "puerta abierta" por parte de Trump.

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Una semana después de publicar su evaluación de la reforma del sistema público de pensiones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) revisa al alza su previsión de crecimiento del presupuesto destinado a cubrir las nóminas de los que han puesto fin a su carrera laboral. El organismo que preside Cristina Herrero sitúa en el 5,6% el avance que experimentará el gasto en pensiones de la Seguridad Social durante el 2025, tras redimensionar el efecto que tendrá la incorporación de nuevos jubilados, que acceden con una pensión media significativamente más elevada que la que tienen aquellos que causarán baja en este ejercicio.

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se mantiene prudente a la hora de valorar los impactos de las últimas decisiones de Donald Trump sobre la imposición de aranceles al extranjero y en concreto, a China y a la Unión Europea. Si bien, la responsable de la unidad de análisis económico, Esther Gordo, pone el acento en el impacto de la incertidumbre que rodeará a las decisiones que tomen todas las compañías y que podría restar 0,5 puntos del crecimiento del PIB en 2025 y 2026, en función del tiempo en el que se prolonguen las dudas y la política que se aplique finalmente tras la tregua anunciada este miércoles de 90 días.

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El ministerio de Trabajo ha dado este jueves un nuevo paso para propiciar la entrada de la patronal catalana Pimec en los órganos de carácter estatal. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha publicado una orden en el BOE en la que cesa a los representantes de CEOE y Cepyme en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y les da un plazo de diez días para cerrar un acuerdo con la organización empresarial que preside Antoni Cañete sobre el reparto de los asientos, al considerarla como patronal más representativa de Cataluña. Y en su defecto, detalla que será la propia cartera quien determine cuántos vocales le corresponden a cada uno de estas organizaciones empresariales.

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La patronal de las pequeñas y medianas empresas cree que el enfoque del plan del Gobierno para responder a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, no es adecuado. Cepyme ha emitido este miércoles un comunicado en el que cuestiona que se planteen como solución medidas de apoyo que van ligadas al mantenimiento del empleo como es el mecanismo RED o los ERTE. "Las empresas no pueden garantizar cómo influirá la evolución del contexto económico mundial en sus cuentas de resultados. Por tanto, las ayudas deben estar dirigidas a la adaptación de la compañía hacia el nuevo escenario" señala la organización que encabeza Gerardo Cuerva, sumándose a las críticas ya emitidas por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó hace casi una semana el plan de respuesta a los aranceles que había anunciado el mandatario estadounidense, Donald Trump, solo un día antes. El paquete estaba dotado con 14.100 millones de euros, aunque el Ejecutivo reconoció que 6.700 millones procedían de instrumentos ya existentes y el grueso de las medidas estaban dirigidas a facilitar la financiación de las empresas, conceder avales o prestar seguros a la internacionalización de sus productos. Y la patronal echa en falta más recursos directos a las empresas y sectores afectados por esta guerra arancelaria . "Nos hubiera gustado que hubiera ayudas directas y una mayor definición entre empresas y sectores" ha valorado el secretario general de CEOE, José Alberto González, en una jornada celebrada por Ernst & Young (EY) sobre capital humano.

El Consejo de Ministros ha extendido hasta finales de año la moratoria contable que permite que las empresas no tengan que contabilizar las pérdidas de los años 2020 y 2021. Esta excepción, por la que se evita que los números rojos registrados a raíz de la pandemia arrastren a las compañía a un desequilibrio patrimonial y las lleve a causa de disolución, había quedado en el aire en los primeros meses del año, después de que su extensión hasta 2027 -incluida en el decreto ómnibus- decayera al ser votada por el Congreso de los Diputados.