La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es el gran objetivo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para esta legislatura y la pieza que tensó el acuerdo de coalición con el PSOE, según ha explicado en más de una ocasión la vicepresidenta. Sin embargo, cada vez son más los que ponen en duda –dentro y fuera del diálogo social– que se vayan a cumplir los plazos anunciados y las fuentes consultadas ya plantean que va a haber que extender el margen para adaptar los convenios a 2026.
El acuerdo firmado con CCOO y UGT en el mes de diciembre, daba hasta el 31 de diciembre de 2025 para que los representantes de los trabajadores y de la parte empresarial pudieran consensuar cómo llevar a cabo el reajuste de los horarios de trabajo. Entonces quedaba más de un año y los negociadores se mostraban optimistas respecto a las posibilidades de cerrar la tramitación parlamentaria antes del verano. Sin embargo, la demora a la hora de enviar el proyecto a la Cámara Baja hace que estos vean cada vez más probable que además de introducir cambios para hacer guiños a Junts, haya que extender ciertos plazos.
Este límite es importante, ya que fue introducido por los sindicatos en la negociación con el Gobierno, dado que estos tienen presente que las normas tienen que acomodarse a los convenios y quieren reducir al máximo la conflictividad en este proceso. Y en la práctica, suponía que la reducción de jornada se empezaría a aplicar en 2026, en lugar del 2025 que el Ejecutivo se había marcado como objetivo. Si bien, este margen sería insuficiente si la ley no sale hasta el próximo otoño.
Lo cierto es que en esta materia no hay nada escrito, porque no hay un tiempo establecido para que se tramite una ley, sino que esto depende fundamentalmente de la voluntad política. Los proyectos de ley se demoran entre cinco y seis meses, de media, una vez llegan al Congreso de los Diputados, pero pueden tramitarse de forma urgente y reducir los tiempos a la mitad. El problema es que la reducción de jornada ni siquiera ha llegado aún a este punto, ya que está pendiente de volver al Consejo de Ministros en segunda vuelta con algunos de los cambios sugeridos por el CES.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguraba a comienzos de mes en la rueda de prensa del paro que es habitual que entre la primera y la segunda vuelta "transcurra un plazo muy dilatado" y que en esta ocasión "no está siendo así". Si bien, en febrero era este departamento el que estimaba que la norma llegaría al hemiciclo "a finales de febrero o principios de marzo" cuando el responsable de Economía, Carlos Cuerpo, sostenía que no llegaría al Congreso hasta abril o mayo. Lo que implica un retraso frente a los cálculos iniciales, aunque Díaz siempre se resista a poner fechas en público.
Al ser preguntado al respecto, el departamento de Trabajo aludió a la complejidad de algunos de los cambios que iban a incluir a raíz del dictamen del órgano del diálogo social para explicar este lapso. Al tiempo que descartó reformular la disposición que establecía el plazo para adaptar los convenios, a pesar de que patronal y sindicatos instaron a dejar "un periodo también suficiente que haga efectiva la adaptación a través de la negociación colectiva, teniendo en cuenta la heterogeneidad del tejido productivo, la diversidad sectorial y el tamaño de las empresas" en ese mismo documento. En cambio, el Gobierno si incluirá un régimen transitorio para los ámbitos que no tengan un acuerdo laboral en vigor.
No obstante, cabe la posibilidad de que algún grupo parlamentario como Junts condicione su apoyo a un cambio en este sentido, entre otras cuestiones como las ayudas complementarias a las pymes, ya que tanto Foment del Treball como Pimec han dejado claro que consideran que esta norma supone una intromisión en la negociación colectiva y se han posicionado en contra de reducir el tiempo de trabajo por ley. Ambas patronales cuentan con el no de los 'posconvergentes', pese a reconocer que la formación de Carles Puigdemont podría acabar cediendo en algún tipo de negociación cruzada.
Intenta convencer a Junts y presiona al PP
Tras el choque protagonizado por Economía y Trabajo antes de que el texto llegara por primera vez al Consejo de Ministros, el desafío de la vicepresidenta segunda está fuera de La Moncloa, ya que fuentes gubernamentales explican que no tiene que volver a pasar por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En el hemiciclo, todos los ojos están puesto en el voto de Junts, si bien, la ministra también busca trasladar la responsabilidad al PP que asegura se ha arrepentido del voto en contra a la reforma laboral. Los populares se abstuvieron cuando Sumar llevó al Congreso una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a reducir la jornada, pero su cercanía a la patronal lleva a esperar que cuando finalmente se vote esta norma la acabe rechazando.
La llegada del proyecto de ley a la Cámara Baja dará lugar a un intenso periodo de negociación -que según fuentes conocedoras ya se ha iniciado- ya que son varios los pasos que esta tiene que superar. En primer lugar, los partidos tendrían 15 días para proponer cambios o enmiendas a la totalidad (dirigidas a frenar la tramitación). Si estas últimas no se presentan o se descartan la norma pasaría a estudiarse en la Comisión de Trabajo. Allí un grupo más reducido elaboraría un primer borrador con las enmiendas que apoye la mayoría. Este texto se somete a debate justo a los cambios que no se introdujeron, conocidos como "enmiendas vivas", lo que da forma al dictamen que se vota finalmente. Lo habitual es que esta última discusión y votación tenga lugar en el Pleno en normas de este calado y sería entonces, si reúne los apoyos suficientes, cuando pasaría al Senado.
La Cámara Alta tiene dos meses para introducir cambios en la ley o presentar un veto, supuestos en los que el texto tendría que volver de nuevo al Congreso o, por el contrario, ratificar la norma que impulsó el Gobierno, lo que supondría su aprobación definitiva y publicación en el BOE. Este extenso proceso, que en el mejor de los casos llevaría unos tres meses (al margen de que en julio y agosto no haya sesiones) lleva a que los interlocutores sociales a dudar de que pueda aplicarse en enero.