El Consejo de Ministros ha extendido hasta finales de año la moratoria contable que permite que las empresas no tengan que contabilizar las pérdidas de los años 2020 y 2021. Esta excepción, por la que se evita que los números rojos registrados a raíz de la pandemia arrastren a las compañía a un desequilibrio patrimonial y las lleve a causa de disolución, había quedado en el aire en los primeros meses del año, después de que su extensión hasta 2027 -incluida en el decreto ómnibus- decayera al ser votada por el Congreso de los Diputados.
El Gobierno decidió usar el paquete de respuesta a los aranceles de Trump para enmendar esta situación y extender este alivio a las empresas hasta el final de 2025. Finalmente, el departamento de Economía renunció a ampliar esta excepción hasta el año 2027, según explicó ayer en rueda de prensa el titular del ramo Carlos Cuerpo, ya que el Partido Popular señaló que podía ser "excesivo".
Desde la formación del Alberto Núñez Feijóo instaron a eliminar esta medida por no tener conexión directa con los aranceles, pero el Gobierno fijó que las empresas tampoco tendrán que cerrar por las pérdidas causadas por los aranceles, al igual que sucedió con los daños de la DANA. "Es un ejemplo donde quedan claros los márgenes que teníamos en la negociación" sostuvo el ministro.
Además, el Real Decreto-ley recoge un plazo extraordinario para la reformulación de las cuentas anuales de 2024, con el fin de reparar el periodo en el que esta suspensión no estuvo en vigor. En concreto, las compañías que ya hubieran hecho las cuentas correspondientes a ese ejercicio tendrán hasta final de año desde la entrada en vigor de esta norma, según trasladan fuentes gubernamentales a elEconomista.es.
"Los administradores de la sociedad que, a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, ya hubieran formulado las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluirá el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, podrán reformularlas en el plazo máximo de un mes" detalla el texto aprobado ayer.
La situación empresarial
La Sepi, en cualquier caso, tendrá que esperar para reembolsar el reparto de fondos públicos que ejecutó a través del Fondo de Solvencia (Fasee) sobre las empresas que calificó de "estratégicas". Y, aunque la prórroga de la moratoria concede a las empresas un respiro para evitar computar ahora las pérdidas que sufrieron por la pandemia en 2020 y 2021, algunas de ellas se encuentran en una situación poco favorable o avocadas a un reequilibrio patrimonial.
Es el caso, por ejemplo, de la maderera Losán, que recibió 35 millones y llegó a pedir la protección en los juzgados con la solicitud del preconcurso de acreedores. La reestructuración de la deuda del grupo turístico y de restauración Serhs está siendo algo más complicada tras la oposición de CaixaBank, el mayor acreedor con más de 19 millones, que ha alargado las negociaciones.
Otras compañías como Air Nostrum se ven también beneficiadas con la prórroga de la moratoria. La aerolínea, tras aplazar en enero las devoluciones al brazo inversor del Estado, se veía en la situación de ampliar capital o buscar un acreedor al no haber devuelto aún los más de 140 millones concedidos por el organismo dependiente de Hacienda y el ICO.
Empresas como Duro Felguera lo tienen no obstante más complicado. La ingeniería solo podría evitar la insolvencia si la Sepi convierte su préstamo participativo de 100 millones en acciones de la compañía, aunque esta operación no se resolverá como pronto hasta el próximo mes de junio. Otras, como Hotusa, ya han devuelto parte de lo prestado por el Gobierno. La propietaria de Eurostars ha reintegrado 128,5 millones de los 241 millones recibidos y con su aportación la Sepi ha recuperado en los tres últimos años un total de 745 millones de los 2.681 millones.