
El ministerio de Trabajo ha dado este jueves un nuevo paso para propiciar la entrada de la patronal catalana Pimec en los órganos de carácter estatal. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha publicado una orden en el BOE en la que cesa a los representantes de CEOE y Cepyme en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y les da un plazo de diez días para cerrar un acuerdo con la organización empresarial que preside Antoni Cañete sobre el reparto de los asientos, al considerarla como patronal más representativa de Cataluña. Y en su defecto, detalla que será la propia cartera quien determine cuántos vocales le corresponden a cada uno de estas organizaciones empresariales.
Díaz responde así a la solicitud iniciada por Pimec sobre la que la Dirección General de Trabajo ya emitió un informe favorable en el mes de febrero, según informó la propia patronal. Una decisión contra la que CEOE y Cepyme podrían impulsar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en los próximos dos meses, no obstante, la organización que encabeza Antonio Garamendi prefiere no hacer comentarios tras conocer esta noticia.
Este órgano desarrolla funciones de supervisión de la negociación colectiva, de resolución de conflictos por la falta de acuerdo entre las partes y consultivas. Sin embargo, en los últimos años la patronal catalana -rival de Foment del Treball- ha leído su acceso a la Comisión de Convenios como su puerta de entrada a las mesas de diálogo social impulsadas desde el Ministerio de Trabajo. La cartera, en cambio, viene señalando que no se contempla este marco, si bien, el acuerdo de coalición con el PSOE recoge una ley para reformar la representación de las pymes.
Las organizaciones empresariales tienen que decidir por tanto, de forma acelerada como proceden, en tanto que Trabajo solo concede un margen de diez días para explorar esta negociación con Pimec y comunicar el acuerdo a la Dirección de Trabajo. Si se cumple este plazo, contarán con otros nueve días para trasladar al ministerio de Díaz los nombres de las personas que ocuparán las vocalías. Si no se intenta o se cierra un pacto, será Trabajo quien señale como tiene que producirse este reparto.
Este procedimiento aparece recogido en otra orden emitida el pasado agosto en la que se detalla que se asignará una vocalía a cada patronal (en este caso son tres) y después se 'quitará' un asiento a la organización que cuente con más asientos. De forma que la entrada de los representantes catalanes mermará la representación de la organización con sede en Diego de León 50, que actualmente cuenta con un total de 6 vocalías de las que cinco están integradas por representantes de CEOE y una de Cepyme.
En paralelo, está pendiente el ingreso de la patronal de Cañete en el Consejo Económico Social (CES), un compromiso que adquirió Díaz con Junts para sacar adelante la reforma del subsidio por desempleo, que estaba vinculada a los fondos europeos y que fue tumbada por el Congreso de los Diputados en su primera votación, dado el rechazo de Podemos. La organización ya ha hecho público que ha propuesto a Ferran Bel para ocupar ese asiento, pese a que la institución ha tratado de bloquear su entrada, con el respaldo de los sindicatos.
Al tiempo que, como contó elEconomista.es, la organización de las pymes integrada en Pimec, Conpymes, trata de hacerse con un hueco en el mismo organismo a nivel europeo, el Consejo Económico Social Europeo (CESE). Su presidente, José María Torres, ha mantenido reuniones con la Comisión Europea y con representantes de este foro con el objetivo de propiciar su entrada, dado que entienden que las pequeñas y medianas empresas españolas no están bien representadas.