Economía

Conpymes presiona para hacerse con un asiento de CEOE en el CES europeo

  • La patronal de Antonio Garamendi tiene siete representantes en el órgano
  • El mandato de los vocales caduca este año y ha comenzado la renovación
El presidente de Conpymes, José María Torres.

A la espera de que se formalice la entrada de Pimec y Pimeb en el Consejo Económico y Social (CES), la patronal en la que se integran a nivel nacional, Conpymes, tiene marcado el órgano consultivo a nivel europeo como próximo paso. "Estamos haciendo un esfuerzo por entrar en el CESE en Bruselas" admitía su presidente, José María Torres, a comienzos de semana en un evento en Madrid. Se refería al Comité Económico y Social Europeo (CESE), el foro que emite informes y dictámenes sobre los cambios legislativos que plantea la Comisión, el Consejo o el Parlamento Europeo y en el que están representados empresarios, trabajadores y parte de la sociedad civil. Actualmente, CEOE tiene los siete asientos de la parte empresarial y Conpymes busca hacerse con uno de ellos.

"Queremos intentar que haya otras posiciones y que las pymes tengan voz. Hemos consultado al Ministerio de Trabajo y me he reunido tanto con la Comisión Europea como con el CESE para explicar la situación" apunta en conversación con elEconomista.es el responsable de la patronal que busca disputar la representación de las pymes a Cepyme, integrada en CEOE. Torres reconoce que persiguen entrar en todas las comisiones y consejos, una vez se ha incluido a Pimec en el Consejo Estatal de la PYME y el Observatorio Estatal de la Morosidad, que dependen del Ministerio de Industria y Turismo que dirige el catalán Jordi Hereu. No obstante, niega tener cercanía con la cartera de Yolanda Díaz y pone como ejemplo que le han consultado sobre esta materia a través del Portal de Transparencia ya que ningún representante de Trabajo les ha atendido en el último año.

El motivo de estas preguntas es que el Gobierno nacional es el que propone a los miembros, según explica la página informativa del Parlamento Europeo y después es el Consejo el que los nombra por un periodo de cinco años. La última renovación se produjo en el año 2020, por lo que el mandato de los 327 representantes concluye este año. Fuentes consultadas trasladan que el proceso de designación de cara a la próxima etapa acaba de empezar y que culminará en el mes de septiembre, lo que reduce las posibilidades de esta nueva patronal.

Ahora hay un total de 21 representantes españoles, que se dividen en partes proporcionales en cada uno de los tres grupos. Del foro de los empresarios forman parte dos personas con cargo en CEOE, una vicepresidenta de Cepyme y los representantes de UNESID, AEB, ASEDAS y FIAB, patronales que también integran la organización que preside Antonio Garamendi. En cambio, en el grupo de los representantes de los trabajadores, pese a que la mayoría de los asientos son de CCOO y UGT también está presente el sindicato vasco ELA. Y en el grupo tercero, donde están los representantes de los consumidores, el medio ambiente, la agricultura, la pesca o la universidad ya tiene un hueco la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que a su vez forma parte de Conpymes.

La organización empresarial que encabeza Torres quiere extender el debate sobre la representatividad institucional de las empresas en el diálogo social español que abrió la recomendación del Consejo de 2023. El Gobierno decidió aprobar una ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las medianas y pequeñas empresas que incluyó en el plan normativo para 2024 y que sigue pendiente, pese a que el Ejecutivo tendrá que dar cuentas a finales de este ejercicio sobre los esfuerzos que ha hecho para acatar dicha recomendación.

Desde el Gobierno aseguran que esta norma está en su hoja de ruta, pero reconocen que no es una prioridad a corto plazo. El Ministerio de Trabajo sería el encargado de convocar una mesa de negociación al efecto, puesto que ni sindicatos ni los empresarios presentes en la mesa se muestran favorables a poner nuevas sillas en las mesas de diálogo. No obstante, la cartera de Díaz está centrada en sacar adelante la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, que llegará en breve al Congreso de los Diputados.

Pimec y Pimeb entrarán al CES

Con independencia de cómo pueda cerrarse este proceso, la entrada de las patronales Pimec y Pimeb en el CES español parece más inminente. El Ministerio de Trabajo incluyó una disposición adicional en la reforma del subsidio –que negoció con Junts– para propiciar el ingreso de las patronales más representativas a nivel autonómico en este órgano consultivo. Este texto instaba al órgano dirigido por Antón Costas a modificar el reglamento interno para permitir la entrada de las organización de pymes que representan a más de un 15% de las compañías de Cataluña y Baleares.

No obstante, este organismo se negó, argumentando que no podían tener cabida las patronales que ya estuvieran integradas en otra a nivel nacional, en Conpymes. Tras ello, todos los actores creen que la pelota está en el tejado de la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, que es el departamento que tiene que proponer a los nuevos consejeros, puesto que los actuales están con el mandato caducado desde el mes de enero.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, se mostró confiado en un acto celebrado a inicios de semana en Madrid en el que el Gobierno cumpliría con su palabra, haciendo alusión a una respuesta parlamentaria de la vicepresidenta segunda apenas unas semanas antes a una pregunta de Junts. Díaz se comprometió a con lo acordado y Cañete recordó a los miembros más reticentes del CES que "hay una ley que obliga a que las organizaciones más representativas en el ámbito autonómico estén presentes" y que incumplirlo sería "prevaricar".

Según adelantó El Confidencial, la persona elegida por Pimec para este puesto es Ferran Bel quien representa a la patronal en Madrid desde hace dos años, tras ser diputado y senador por Convergència Democrática de Catalunya y por la coalición Democràcia y Libertad. CEOE, Cepyme, CCOO y UGT afearon al Gobierno que impulsara este cambio en una disposición de una ley que habían negociado durante meses sin consultarles. El mismo texto recogió la prevalencia de los convenios autonómicos, un aspecto pactado por el PSOE con el PNV y que tampoco se negoció.

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