Redactora de la información inmobiliaria en elEconomista, Patrimonio Inmobiliario y Vivienda a Fondo. Es licenciada en Periodismo y titulada en Relaciones Internacionales por la Universidad CEU San Pablo. También cursó el máster COPE de Radio. Trabajó en RNE, Cadena COPE, Gestiona Radio, Qué Radio!, Agencia 71 y okdiario.

El Consejo de Ministros ha aprobado el plan para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible. La medida -tildada de "electoralista" por gran parte de la oposición- contempla la venta de 21.000 viviendas a comunidades autónomas y municipios, la cesión de suelo para construir 15.000 casas y la gestión de 14.000 unidades -actualmente habitadas- para uso social. Por el momento, el Ejecutivo no ha detallado cuándo se construirán los inmuebles y ha confirmado que el número de viviendas disponibles ahora mismo para poner en el mercado es sensiblemente inferior al objetivo total.

VIVIENDA

El 61% de los hogares españoles se encuentra en una zona tensionada teniendo en cuenta la última definición que incluirá la Ley por el Derecho a la vivienda. Así lo explica el último informe de la consultora inmobiliaria Atlas, que analiza el impacto de esta normativa basándose en los nuevos criterios que definen qué es una zona tensionada.

VIVIENDA

El grueso de las 50.000 viviendas de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, quiere movilizar para alquiler asequible no estarán disponibles hasta la próxima legislatura.

Se avecinan subidas inmediatas en el precio del alquiler. La incertidumbre generada por la nueva ley de vivienda, todavía pendiente de aprobación, llevará a los propietarios de pisos a forzar un encarecimiento de las rentas. Así lo han advertido los expertos consultados por elEconomista.es, que aseguran que el ruido generado entorno a la nueva normativa, que plantea topes al alquiler en las zonas tensionadas y un nuevo índice de referencia para todo el mercado a partir de 2025, generará también una fuga de pisos hacia el mercado de la compraventa.

Suma y sigue. El precio del alquiler ha vuelto a marcar un nuevo récord tras subir un 9,7% interanual en marzo y un 4,7% si se toma como referencia el mes anterior. De esta manera, el precio del m2 llegó a los 11,55 euros de media, según los últimos datos publicados por Fotocasa, que confirma que los alquileres tocaron techo en nueve comunidades autónomas.

VIVIENDA

Los propietarios de viviendas en alquiler serán los encargados de pagar los honorarios de las agencias inmobiliarias. Esta es una de las novedades que trae la nueva ley de vivienda, tal y como lo han dado a conocer esta mañana los portavoces de EH Bildu y ERC, Oscar Matute y Pilar Vallugera, respectivamente.

INMOBILIARIO

Los grandes caseros de pisos en alquiler advierten que la nueva ley de vivienda va a conseguir que la gente retire los pisos del mercado y se suban los precios. Así lo han explicado desde desde ASIPA (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler) tras conocerse los detalles de la nueva normativa.

El control de los precios de los alquileres ha sido uno de los principales escollos de la ley de vivienda. El esperado acuerdo establece la limitación de los alquileres en las zonas declaradas tensionadas y el mantenimiento del tope a la subida de los arrendamientos al 2%, elevar el límite al 3% en 2024 y a partir de ese año crear un nuevo cálculo para dejar de referenciarlo a la inflación. A lo largo de los últimos meses este ha sido uno de los aspectos que más ha inquietado al sector y es que, en diversas ocasiones, distintos expertos han señalado que la intervención de los precios del alquiler tendrá consecuencias nocivas en el mercado inmobiliario. La reducción de oferta, la subida de los precios y la falta de inversión son algunos de los motivos del fracaso anticipado de la ley de vivienda.

La reformulada Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda nace coja. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y sus socios genera dudas sobre su viabilidad. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen competencias sobre alguno de los puntos más polémicos, como delimitar las zonas tensionadas de sus territorios. Desde hace meses, las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León) se han posicionado claramente en contra de la ley a la que tildan de "atentado contra la propiedad", y han repetido su intención de no ponerla en marcha e incluso de acudir a los tribunales.