El grueso de las 50.000 viviendas de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, quiere movilizar para alquiler asequible no estarán disponibles hasta la próxima legislatura.
El secretario general del PSOE anunció el domingo que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy esta medida, sin embargo, del monto total de pisos que están en manos del conocido como banco malo, que fue creado tras la crisis financiera, únicamente 9.000 están disponibles de forma inmediata.
Las 50.000 viviendas de las que habla Sánchez se reparten en tres paquetes. Por un lado, están las 21.000 unidades que Sareb pone a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos para su venta. De estas, alrededor de 9.000 ya están listas para poder ser traspasadas a los gobiernos regionales y municipales que quieran llevar a cabo estas adquisiciones.
Las otras 12.000 unidades todavía tienen pendientes algunas actuaciones como puede ser la adecuación de las mismas o las licencias. Desde Sareb calculan que todas ellas estarán disponibles en un plazo de seis a nueve meses.
Por otro lado, el plan de Sánchez pasa por impulsar 14.000 pisos de alquiler social que actualmente ya están habitados por lo que no serían de uso inmediato. Una gran parte de estas viviendas se encuentran ocupadas ilegalmente, mientras que otras son alquileres regulares a precio de mercado que han entrado a través de ejecución hipotecarias.
Para que entren a formar parte del plan de Vivienda de alquiler asequible y social se han analizado ya desde el pasado mes de septiembre 9.000 de estas unidades, de las que 2.000 ya han sido aprobadas.
Estas unidades se van analizando caso a caso para ver si son familias vulnerables que cumplen con este programa de vivienda social. En caso contrario se procede a su desalojo y se destinan a la venta para pagar deuda. Sucede lo mismo con los alquileres regulares. Una vez vence el contrato los inmuebles se venden.
"Se trata de una cartera de pisos con un flujo vivo, de tal modo que van entrando viviendas de ejecuciones hipotecarias, de tal modo que prevemos que al final del programa habrá unos 14.000 alquileres sociales", explican desde Sareb.
Finalmente, las 15.000 viviendas que restan hasta alcanzar las 50.000 prometidas por Sánchez, serán las que más se hagan esperar, puesto que todavía están sin construir.
Se trata del bautizado como Proyecto Viena que pasaría por sacar licitar una bolsa de suelos en los que se levantarían pisos para alquiler asequible que se construirían bajo colaboración público privada. Del total, hay suelos finalistas para 10.000 unidades, mientras que Sareb analiza potenciales suelos que pueden ser finalistas para otras 5.000. La sociedad contrató a PwC para fijar la hoja de ruta de este plan y diseñar los detalles técnicos de los pliegos. Desde Sareb esperan que empiecen las primeras licitaciones a partir de este verano, si bien, el proceso de construcción de las viviendas retrasaría su disponibilidad unos dos años.
Reparto geográfico
Según los últimos datos públicos de Sareb, el 70% de las viviendas de la sociedad se encuentran en pequeñas ciudades. Así, en las grandes regiones tensionadas por los precios de la vivienda, Sareb apenas dispone de las 15.600 viviendas en Cataluña (con 12.700 pisos) y la Comunidad de Madrid (2.900 viviendas), menos de una tercera parte del total de la cartera.
La banca duda de que cubran las necesidades
Cubrir las necesidades de alojamiento de familias vulnerables exige contar con las viviendas y que estén radicadas allí donde se generan las necesidades. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, dejó ayer en el aire sus dudas sobre la idoneidad de esas ubicaciones.
"Habrá que ver si se adecúan bien a la demanda y necesidades de las familias", refirió durante una rueda de prensa posterior a la celebración de la Asamblea de la patronal. En términos generales apoyó la iniciativa: "Siempre es bueno ampliar el parque público de viviendas", opinó, sin querer efectuar una valoración precisa hasta conocer cómo será su ejecución, aunque sí apuntó que el Gobierno puede tomar la medida tras los cambios normativos que han convertido en pública la Sareb y previsto que pudiese movilizar sus activos para fines sociales.
Subrayó que la banca contribuyó con 10.500 viviendas al Fondo Público de alquiler social, construído con sus aportaciones y los de la Sareb. También ayudó a poner en marcha el banco malo con 2.600 millones de euros en aportaciones.
