Los propietarios de viviendas en alquiler serán los encargados de pagar los honorarios de las agencias inmobiliarias. Esta es una de las novedades que trae la nueva ley de vivienda, tal y como lo han dado a conocer esta mañana los portavoces de EH Bildu y ERC, Oscar Matute y Pilar Vallugera, respectivamente.
Concretamente la ley indica que "los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador" independientemente de si son personas físicas o jurídicas.
Hasta ahora la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) indicaba que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato son a cargo del arrendador (propietario del inmueble) cuando este es una persona jurídica (empresa). Sin embargo, no indica nada respecto a los caseros particulares (personas físicas).
Esto se traducía en que era el inquilino el que terminaba pagando en la firma del alquiler una mensualidad de renta en concepto de honorarios de agencia, cuando el que había contratado los servicios de la inmobiliaria era el propietario.
Con este nueva medida "se termina con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone. El servicio inmobiliario se presta al propietario y, por tanto, será éste el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere", han apuntado los portavoces de EH Bildu y ERC.
A la hora formalizar el contrato de alquiler la suma de una mensualidad adicional suponía un sobresfuerzo por parte de los inquilinos, que ya se tienen que enfrentar a precios del alquiler en alza.
A modo de ejemplo, en un alquiler de 800 euros al mes el inquilino tiene que aportar por norma general a día de hoy una mensualidad, un mes de renta más IVA para la agencia y una mensualidad como fianza (la ley no permite solicitar más).
Esto implica que el inquilino para entrar a vivir al piso de alquiler debería abonar al menos 2.400 euros. Esta cantidad puede subir si el propietario decide solicitar hasta dos mensualidades de garantías adicionales tal y como lo permite la actual legislación. En ese caso el gasto se elevaría hasta 4.000 euros.
Hecha la ley, hecha la trampa
"Este cambio tiene sentido, ya que los honorarios los debe pagar quien recibe el servicio, que en este caso es el propietario", apunta Iñaki Usain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria.
Si bien, el experto advierte que ante esta decisión "lo que ocurrirá es que el propietario querrá recuperar este coste incrementando el precio del alquiler o buscando fórmulas como repercutir en el iniquilino otros gastos de comunidad o el IBI".
Concretamente, en la nueva ley prohibe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos que no estén acordados previamente.